Exoneraciones fiscales a El Revoltijo S.A. en la mira por presunto tráfico de influencias

Documento oficial muestra la sustancial exoneración fiscal a El Revoltijo S.A. en medio de preguntas sobre la equidad tributaria.

Beneficios fiscales otorgados a El Revoltijo S.A. resaltan ante la lucha fiscal de las PYMES y los lazos políticos de su propietario.

Por Gonzalo Sualina

Periodista

Documentos oficiales a los que tuvo acceso Salto Al Día han puesto en relieve una serie de exoneraciones fiscales concedidas a El Revoltijo S.A., que plantean serias preguntas sobre la equidad en la política tributaria de Uruguay. La firma, con el RUT 160008270015, se ha beneficiado de un paquete de estímulos que incluyen la exoneración de impuestos a la importación y un crédito por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros.

El Revoltijo S.A. se comprometió a generar empleo y a implementar tecnologías limpias en su proyecto de inversión. No obstante, lo que ha generado mayor controversia es la magnitud de los beneficios otorgados y el momento en que se han concedido. Según la resolución del MEF del 18 de diciembre de 2023, la empresa ha sido exonerada del pago del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas por un monto de 1.935.588 Unidades Indexadas, lo que representa el 73,56% de la inversión proyectada. Esta exoneración fiscal, de un valor cercano a los 297 mil dólares, aplicable durante 11 años, puede ser suspendida por hasta dos ejercicios, lo que proporciona a la empresa una flexibilidad fiscal significativa.

El proyecto involucra la adquisición de equipamiento y vehículos utilitarios, así como la realización de obra civil, lo que representa una inversión total de 2.631.305 Unidades Indexadas. Además, El Revoltijo S.A. obtuvo un crédito fiscal por el IVA en la adquisición local de materiales y servicios para el proyecto, por un monto de 2.564.065 Unidades Indexadas, equivalente a más de 300 mil dólares.

Exoneracion millonaria: Responsable de la empresa salteña, forma parte de una lista de PN como suplente a la Intendecia de Salto.

Estos estímulos se otorgaron bajo estrictas condiciones, como la declaración de no competencia con la industria nacional por la Dirección Nacional de Industrias. Sin embargo, el hecho de que tales ventajas se presenten a una sola entidad ha llevado a especular sobre posibles favores políticos, especialmente cuando se observa el contexto político actual y las conexiones de los propietarios de la empresa.

El artículo 17 del Decreto N° 268/020 estipula cómo deben aplicarse estos beneficios, pero la ejecución de tales medidas y su interpretación pueden ser objeto de interpretación subjetiva, lo que agrava las preocupaciones sobre la transparencia y la imparcialidad en la concesión de estos estímulos fiscales.

A pesar de las garantías de control y seguimiento por parte de la Comisión de Aplicación (COMAP), el escrutinio público y la crítica han sido inevitables. La concesión de tales beneficios a una empresa cuyo propietario tiene conexiones políticas ha intensificado el debate sobre la ética y la rendición de cuentas en la política económica de Uruguay.

La resolución ministerial establece claramente que el incumplimiento de las condiciones puede resultar en la revocación de la declaratoria promocional. Sin embargo, este mecanismo de control no ha aplacado las inquietudes de aquellos que ven en esta situación un posible conflicto de intereses que podría afectar la percepción de la justicia fiscal en el país.

El caso de El Revoltijo S.A. ha agudizado el llamado a una mayor equidad en la política fiscal y ha subrayado la necesidad de una vigilancia más rigurosa sobre la relación entre los incentivos fiscales y la actividad política. Con las PYMES luchando por su supervivencia, la cuestión de la equidad entre los diferentes actores del mercado es más crucial que nunca.

El Revoltijo S.A.: Un imán para los favores estatales

Ya en 2017, la empresa fue objeto de generosos beneficios fiscales por parte del Estado, un escenario que parece repetirse y que arroja serias dudas sobre la equidad en la política tributaria uruguaya.

En aquel entonces, el MEF, bajo el expediente 30.858M16, ya había declarado como promovido un proyecto de inversión de El Revoltijo S.A. que contemplaba la incorporación de paneles solares, vehículos utilitarios y otros equipos, concediendo exenciones que alcanzaban una cifra considerable. La empresa, que se benefició de una exoneración del pago del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas por más de 645 mil Unidades Indexadas, equivalente a un 47,37% de la inversión elegible, parece disfrutar de un trato preferencial sostenido a lo largo del tiempo.

Este patrón de beneficios fiscales, ahora ampliamente criticado, pone en evidencia una práctica recurrente que, para muchos, simboliza una relación simbiótica entre ciertos conglomerados empresariales y el Estado. La reiteración de tales concesiones dibuja un cuadro de favoritismos que no solo pone en cuestión la justicia tributaria sino también la integridad del proceso político.

Las PYMES, columna vertebral de la economía uruguaya, no han gozado de la misma suerte. Enfrentando una presión tributaria onerosa y un entorno económico cada vez más exigente, las pequeñas y medianas empresas luchan por mantenerse a flote, mientras que jugadores como El Revoltijo S.A. navegan en aguas fiscales tranquilas gracias a su aparente cercanía al poder.

La actualidad ha puesto al descubierto que el caso de El Revoltijo S.A. no es un hecho aislado, sino parte de una narrativa más extensa que invita a cuestionar la distribución de los incentivos fiscales en el país. En un momento donde la justicia social y económica está en la mira de la opinión pública, el trato preferencial a ciertas empresas podría ser percibido como un lastre para la credibilidad de las instituciones y para la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y el clamor por una mayor equidad fiscal creciendo, el caso de El Revoltijo S.A. se convierte en un símbolo de las demandas de un sistema más justo. Las autoridades uruguayas se enfrentan al desafío de restaurar la fe en un sistema que premie la transparencia y la igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sin excepciones ni tratos preferenciales.

El escrutinio público se intensifica y el llamado a una reforma en la política de incentivos fiscales se hace cada vez más fuerte. El Revoltijo S.A., con su historial de beneficios estatales, se encuentra en el ojo del huracán, ejemplificando lo que muchos esperan que sea el final de una era de disparidades fiscales.