Un agente de la Guardia Republicana en servicio. La unidad enfrenta una crisis tras dos suicidios en una semana, resaltando problemas de salud mental.
La Guardia Republicana de Uruguay está en el foco tras dos suicidios de sus miembros en una semana, destacando la urgente necesidad de abordar la salud mental y las condiciones laborales en las fuerzas de seguridad.
En la última semana, la Guardia Republicana de Uruguay ha sido sacudida por una trágica noticia: el segundo suicidio de uno de sus agentes en este corto periodo. Este lamentable suceso fue inicialmente reportado por el asesor de seguridad Edward Holfman y confirmado por Carlos Piedra, presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr).
El primer incidente ocurrió el martes 23, cuando un joven agente de 20 años, residente en la localidad de 18 de Mayo (Canelones), se quitó la vida en su domicilio utilizando su arma reglamentaria. Este suceso ya había generado una profunda preocupación dentro de la institución y en la sociedad uruguaya.
El suicidio es una problemática que afecta profundamente a Uruguay. Según cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2022 se registraron 823 suicidios, lo que representa la tasa más alta desde 2010, con 23,2 casos cada 100 mil habitantes. Sin embargo, esta tasa se ve significativamente superada dentro de la Policía, donde alcanza los 63 casos cada 100 mil habitantes, una cifra que ha encendido las alarmas entre los sindicatos policiales.
Estos sindicatos han calificado la situación como una «pandemia silenciosa» y han instado en varias ocasiones a tomar medidas preventivas. En 2022, el sindicato policial de Montevideo (Sifpom) solicitó una mayor atención en salud mental. Junto con el Sindicato Único de Policías del Uruguay y la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior, presentaron al Ministerio del Interior un «Proyecto integral de salud psíquica y prevención del suicidio en la Policía». Este proyecto busca abordar la prevención, el tratamiento, la pérdida económica y la aceleración de juntas médicas.
Además de la preocupación por la salud mental, en la Guardia Republicana se han denunciado situaciones de maltrato y abuso de autoridad. Recientemente, la Unipolgr denunció que dos funcionarios fueron forzados a patrullar a pie en la conflictiva zona de Villa Española durante largas horas, sin respetar el descanso necesario. Estas condiciones laborales adversas han sido señaladas como factores que podrían afectar negativamente la salud mental y física de los agentes.
Carlos Piedra ha señalado que estos abusos son una constante en la Guardia Republicana y que el sindicato ha presentado pruebas de estos hechos al subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala. Los abusos reportados incluyen maltratos y órdenes improcedentes por parte de los oficiales hacia el personal subalterno.
En respuesta a estas condiciones, Unipolgr ha solicitado públicamente la renuncia del entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y la remoción del comando de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana. Este pedido responde a la falta de soluciones a los reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo que, según el sindicato, atentan contra la salud mental y física de los funcionarios.