Joselo López y Martín Pereira, líderes de COFE, en un momento crucial para negociar con el gobierno la reforma de las licencias médicas.
En una reunión clave, COFE logra la postergación de la nueva política de licencias médicas, abriendo un espacio para el diálogo y ajustes en el sistema.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, comunicó que la entrada en vigor del ajuste en las certificaciones médicas para empleados del sector público se aplazará 60 días. Esta resolución se tomó tras un encuentro con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE), que solicitó más tiempo para evaluar y mejorar la propuesta.
José Lorenzo López, vocero de COFE, expresó a medios locales su persistente oposición al plan gubernamental, subrayando la importancia de crear un entorno de diálogo para perfeccionar el procedimiento propuesto. Destacó, además, la falta de conocimiento general sobre los detalles del nuevo régimen entre los funcionarios, motivo por el cual se pidió extender el plazo originalmente fijado para el 1° de febrero.
Mieres aseguró que, a pesar de las discrepancias, el nuevo sistema se implementará, pero destacó la utilidad del encuentro para suavizar las diferencias y fomentar un ambiente de conversación constructiva. Esta medida llega en un momento de tensión, donde COFE había advertido sobre posibles acciones de protesta, incluyendo huelgas, si el gobierno procedía sin más consultas.
Bajo el nuevo esquema, los empleados públicos disfrutarán de hasta nueve días hábiles de licencia médica pagada anualmente, con el subsidio aplicable a partir del décimo día. Esta modificación representa un cambio significativo respecto a la política anterior, que no contemplaba deducciones salariales por licencias médicas.
López había señalado previamente la preocupación de que la adaptación de este modelo podría interpretarse como una reducción salarial para los trabajadores estatales, dada la naturaleza permanente de su relación laboral con el Estado, a diferencia del sector privado.
La decisión de posponer busca facilitar un intercambio más detallado entre el gobierno y los empleados, con el objetivo de implementar el nuevo régimen de manera más organizada y consensuada.