La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la polémica adjudicación a Cujó

Proyecto de hub logístico en Salto Grande queda en entredicho tras controversias en la adjudicación a la constructora Cujó.

La adjudicación de un ambicioso proyecto logístico a la constructora Cujó genera dudas y cuestionamientos tras acusaciones de estafa en Paraguay.

En el año 2021, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) desató controversias al anunciar la adjudicación de un importante proyecto para desarrollar un «hub logístico multimodal» a la constructora Cujó, en colaboración con una empresa cuyos directivos enfrentaban acusaciones de estafa en Paraguay. El proyecto, que pretendía integrar un puerto de barcazas, un free shop y un depósito aduanero, estaba planificado para ser inaugurado en 2022. Sin embargo, las esperadas obras de infraestructura aún no han comenzado, informó Brecha en su edición del viernes.

Este tema fue objeto de discusión el pasado martes 6 de febrero, durante la comparecencia del canciller Omar Paganini ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo, donde se evaluaron las contrataciones directas realizadas por la CTM. El diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, destacó la importancia de los proyectos en curso, mencionados durante una visita de la Comisión de Transporte de Diputados a la CTMSG, subrayando la relevancia de iniciativas como el desarrollo de un hub de cargas, que incluía la mejora del puerto de barcazas y una conexión ferroviaria con Argentina, entre otras acciones logísticas de gran impacto.

Para la ejecución de este ambicioso plan, la CTM convocó a distintas empresas, resultando seleccionada la propuesta de los amigos del senador Germán Coutinho, el Grupo Cujó SA-DyN Investment Group, pese a los cuestionamientos surgidos por las implicaciones legales de sus titulares en el extranjero. Este proyecto prometía transformar en nueve meses el área designada en un puerto de barcazas junto con las demás infraestructuras propuestas, situando el puerto en la desembocadura del arroyo Itapebí, a unos 6 kilómetros al norte de la represa de Salto Grande.

La inversión estimada para llevar a cabo estas obras oscilaba entre los 70 y 75 millones de dólares, contemplando además una concesión por 30 años para el uso de tres padrones ubicados al sur del edificio Paso de Frontera, otorgada por Salto Grande. Paralelamente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) adjudicó a Hidroagro SA, empresa liderada por Ignacio y Matías Cujó, una fracción de álveo público en el río Uruguay y la concesión para la construcción y operación de una terminal portuaria durante el mismo periodo.

Las acusaciones contra los inversores se hicieron públicas el 24 de abril de 2023, cuando la Unidad Penal 8 de Encarnación informó sobre la imputación de los titulares de la empresa asociada a Cujó por un caso de estafa relacionado con una fallida importación de vacunas contra el COVID-19 en 2021. Según la fiscal Liliana Herenia Galeano, el caso comenzó cuando Gaspar Nicolás dos Santos llegó a Paraguay prometiendo inversiones significativas, incluida la compra de vacunas Covaxin a través de Bharat Biotech International Limited. A pesar de firmar contratos y realizar transferencias bancarias significativas, los fondos no resultaron en la entrega de las vacunas, lo que llevó a acusaciones formales contra los implicados.

Este escándalo internacional repercutió en Uruguay, especialmente dado el papel de Cujó en el proyecto de Salto Grande. La delegación uruguaya en la CTM indicó que el contrato para el desarrollo del hub logístico se había rescindido debido a incumplimientos por parte de los inversores, generando aún más interrogantes sobre la selección de contratistas y el manejo de proyectos de gran envergadura por parte de entidades públicas.