Militares al mando del Sepae implicados en venta irregular de leña en Santa Teresa

❮ ❯

Área de tala en el Parque Nacional de Santa Teresa, epicentro de un escándalo por contratos irregulares firmados sin supervisión adecuada.

Contratos sin aval oficial para la tala en el Parque Nacional de Santa Teresa desatan investigaciones y litigios.

Los coroneles William Soria y Gerardo Dattele, anteriormente al frente del Servicio de Parques del Ejército (Sepae), junto a Paul Romero, exresponsable de la División Forestal, se vieron involucrados en la firma de acuerdos no autorizados con una firma particular. Estos pactos, vinculados a actividades silviculturales dentro del Parque Nacional de Santa Teresa, no contaron con el visto bueno necesario de organismos de control.

Según publica Montevideo Portal, los acuerdos datan del 1º de julio de 2020 y del 10 de mayo de 2021, suscritos tanto por la entidad privada como por Dattele, Soria y Romero, representando al parque. La irregularidad de estos convenios radica en la omisión de etapas críticas de verificación, dejando al margen al Ministerio de Defensa y al Tribunal de Cuentas, indispensables para la ratificación del trato.

Los términos acordados establecían que la compañía se encargaría de la corta selectiva de eucalipto, mantenimiento de cercas y líneas eléctricas, remoción de vegetación muerta, mejora de vías de acceso y prevención de incendios, incluyendo la limpieza y ampliación de áreas cortafuegos. A cambio, el Sepae facilitaría el acceso al parque para llevar a cabo dichas labores.

Zona afectada por la tala en el Parque Santa Teresa, donde contratos no autorizados desvelan un escándalo de venta de leña por militares.

Este convenio permitía a la empresa comercializar la madera obtenida, estableciendo con los coroneles del Sepae un precio por la leña. Según documentos obtenidos, se negociaron aproximadamente US$ 400 por cada 25 toneladas de madera, equivalentes a un camión de doble acoplado, resultando en transacciones por un total de 21 camiones desde mayo hasta setiembre de 2021, sumando cerca de US$ 10.000, recibidos por Paul Romero en nombre del organismo militar.

Las autoridades del Ministerio de Defensa, alertadas a fines de 2021 sobre estas acciones irregulares, ordenaron una revisión administrativa que culminó en la sustitución de los dirigentes del Sepae, con el objetivo de prevenir futuras anomalías. Esta auditoría también derivó en la imposición de sanciones por parte del departamento jurídico del ministerio.

La situación escaló cuando la empresa afectada por la terminación de estos acuerdos inició una demanda por rescisión contractual y daños, reclamando más de US$ 500.000. Este conflicto desencadenó a su vez la penalización de un teniente que había denunciado las irregularidades.

El caso alcanzó nuevas dimensiones este lunes, con la comparecencia del ministro de Defensa, Javier García, ante el Parlamento para informar sobre las medidas adoptadas en respuesta a este y otros incidentes similares en el Ejército.