Resolución arbitral condena a Uruguay a abonar 30 millones de dólares por conflicto con Pluna

En un giro legal significativo, Uruguay enfrenta una condena de pagar 30 millones de dólares por el caso de la aerolínea Pluna.

En un revés legal, el Estado uruguayo debe compensar con 30 millones de dólares a la exaccionista Larah por la controversia derivada del cierre de Pluna.

Por Ana Beatriz Silva

Periodista

Afrontando un desafío legal internacional, el ejecutivo uruguayo, encabezado por Luis Lacalle Pou, se vio compelido a recurrir a la asistencia de una afamada firma legal estadounidense en marzo de 2021. Este paso fue una respuesta directa a una demanda de arbitraje interpuesta por Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah), anterior inversora de Pluna, contra Uruguay, solicitando una indemnización de 860 millones de dólares. Dicha demanda se basó en la supuesta responsabilidad del Estado en el proceso de liquidación de la aerolínea nacional en el año 2012, durante la gestión de José Mujica (Frente Amplio).

Según supo SaltoAl Día, este litigio se presentó ante el Ciadi en mayo de 2019, un organismo perteneciente al Banco Mundial que se ocupa de resolver controversias de inversión internacional entre empresas privadas y Estados.

La resolución emitida por el Ciadi indicó que el gobierno uruguayo debía indemnizar con 30 millones de dólares a Larah, quien había adquirido acciones de Leadgate a través de transacciones con varias firmas, muchas de ellas panameñas.

Desde el comienzo, Larah buscó una compensación económica superior a los 800 millones de dólares, alegando que el gobierno de Mujica había violado el acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Uruguay y Panamá, al expropiar la aerolínea sin otorgar una recompensa económica adecuada a los anteriores propietarios de Pluna.

El cierre de Pluna fue decidido por la administración del Frente Amplio con el fin de esquivar potenciales demandas millonarias provenientes de Brasil, consecuencia del cese de operaciones de la aerolínea Varig, que Pluna había administrado desde 1995 hasta mediados de la década de 2000.

La defensa de Uruguay estuvo a cargo de Foley Hoag, firma con sede en Washington, que anteriormente había representado al país en litigios ganados contra Philip Morris y la minera Aratirí. En contraposición, los demandantes se apoyaron en servicios legales de Freshfields Bruckhaus Deringer, Dechamps International Law, con oficinas en Londres y Buenos Aires, y el estudio jurídico uruguayo Ferrere Abogados.

En su veredicto, el tribunal arbitral resaltó que la gestión gubernamental de 2012 comprometió los derechos de Larah, incumpliendo sus obligaciones internacionales por medio de acciones consideradas injustas, no equitativas y expropiatorias hacia Pluna y su inversor. El fallo subrayó que el Ejecutivo de aquel entonces coartó financieramente a Pluna, buscando evitar las repercusiones de la bancarrota de Varig, responsabilidad que el Estado uruguayo había asumido.