Interior indaga las fuentes policiales tras filtraciones de periodista en redes

Escenario de investigación en el Ministerio del Interior por filtraciones a periodista, resaltando el conflicto sobre información reservada.

La indagatoria del Ministerio del Interior revela un entramado de filtraciones y cuestionamientos sobre el manejo de datos sensibles.

El Ministerio del Interior (MI) puso bajo la lupa a posibles informantes dentro de la policía, tras revelaciones hechas por el periodista Eduardo Preve en X, derivadas de informaciones confidenciales de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

   

El punto de partida de la investigación sobre los informantes fue la divulgación del inicio de un sondeo administrativo sobre el uso indebido del sistema El Guardián por parte de dos miembros de la Dirección General de Inteligencia e Información Policial.

   

La intercepción de llamadas fue autorizada por la jueza Silvia Urioste, a solicitud del fiscal Ricardo Perciballe, quien investiga el crimen de Cecilia Fontana de Heber. Los escuchados incluían a antiguos jerarcas de inteligencia, sospechosos en el caso, como el exoficial Ricardo Zabala.

   

Una revisión interna descubrió accesos no autorizados en El Guardián, incluyendo conversaciones relacionadas con el caso de Cecilia Fontana. La investigación apuntó a un sospechoso vinculado a un exjerarca de Inteligencia durante la dictadura.

   

Tras el hallazgo, el fiscal Perciballe presentó una denuncia penal, ahora en manos de la fiscal Silvia Porteiro. El MI inició una investigación administrativa que aún prosigue. La publicación de Preve desató una nueva pesquisa, también expuesta por el periodista.

   

Preve reveló que la indagatoria lanzada por el director de Investigaciones, Juan Rodríguez, buscaba identificar a sus informantes policiales y contenía datos personales del periodista, incluyendo fotografías e información publicada en X.

   

La investigación se centró en un miembro de la dirección, sancionado por el MI el 9 de noviembre. Se consultó al Departamento Jurídico del MI y a Hugo Imas, de Unatec, sobre cómo proceder judicialmente para acceder a comunicaciones entre el policía y Preve.

   

La intervención de los celulares del investigado, necesaria para acceder a los mensajes, implicaba una violación de privacidad que requería autorización judicial, un paso que, según Preve, nunca se concretó legalmente.