El plebiscito sobre la eliminación de AFAP en Uruguay genera controversia y preocupación entre los trabajadores.
El PIT-CNT y sectores de izquierda buscan transferir fondos de AFAP al BPS, generando incertidumbre y temor sobre la gestión de ahorros previsionales.
Uruguay se encuentra en la antesala de un plebiscito que podría tener graves consecuencias para el futuro de los ahorros previsionales de sus ciudadanos. El PIT-CNT y sectores de izquierda han propuesto la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y la transferencia de estos fondos al Banco de Previsión Social (BPS). Esta medida, según los impulsores, busca centralizar la gestión de los ahorros y garantizar una mayor equidad en el sistema jubilatorio. Sin embargo, los críticos advierten que esta reforma podría tener efectos devastadores.
El ministro de Defensa, Javier García, ha sido uno de los más vocales en su oposición, calificando la propuesta como un "robo a los ahorros individuales" de los trabajadores. García argumenta que los fondos administrados por las AFAP son propiedad privada de los trabajadores y que transferir estos recursos al BPS equivale a expropiarlos sin compensación. Además, señala que la gestión estatal de los fondos previsionales podría ser ineficiente y corrupta, poniendo en riesgo la seguridad financiera de miles de jubilados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido que cualquier reforma en el sistema de pensiones debe garantizar la transparencia, sostenibilidad y equidad. Según la OIT, los ahorros individuales deben ser gestionados de manera que se respete la propiedad privada y se asegure la seguridad de los ingresos futuros de los jubilados. Sin embargo, los críticos de la reforma proponen que la transferencia de fondos al BPS carece de estudios de impacto detallados y de un diálogo social inclusivo, lo que contraviene los principios recomendados por la OIT.
El PIT-CNT defiende su propuesta afirmando que eliminar las AFAP y centralizar los fondos en el BPS permitirá una distribución más justa de los recursos y mejorará las condiciones de vida de los jubilados de menores ingresos. Además, la reforma busca preservar el derecho a jubilarse a los 60 años y equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Los impulsores aseguran que la centralización de los fondos previsionales fortalecerá la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
No obstante, los detractores advierten que la reforma podría generar un aumento significativo en la carga financiera del BPS, que ya enfrenta desafíos para cumplir con sus obligaciones actuales. Además, temen que la eliminación de las AFAP desincentive el ahorro individual y reduzca la confianza en el sistema previsional. La incertidumbre sobre la gestión de los fondos y la falta de garantías sobre su uso eficiente y transparente son algunas de las principales preocupaciones que generan resistencia a la propuesta.
El plebiscito también ha sido criticado por la falta de consulta y diálogo previo a su lanzamiento. La ausencia de estudios de impacto rigurosos y la falta de consenso entre los distintos actores sociales y políticos plantean serias dudas sobre la viabilidad y efectividad de la reforma. Los críticos insisten en que cualquier cambio en el sistema de pensiones debe ser resultado de un proceso participativo e informado que contemple las opiniones y necesidades de todos los involucrados.
En resumen, el plebiscito sobre la eliminación de las AFAP en Uruguay está generando un intenso debate sobre la gestión de los ahorros previsionales y la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Si bien los defensores de la reforma proponen que centralizar los fondos en el BPS garantizará mayor equidad y justicia social, los críticos advierten sobre los riesgos de expropiación de ahorros individuales, gestión ineficiente y falta de transparencia. La decisión que tomen los uruguayos en el plebiscito tendrá profundas implicaciones para el futuro de sus pensiones y la estabilidad del sistema previsional del país.