Fuentes en la frontera aseguran que el contrabando y la complicidad entre aduaneros es un problema más profundo de lo que se pensaba.
Fuentes de paso de frontera aseguran que el contrabando en Salto es un problema extendido, con posibles vínculos entre aduaneros y la AFIP.
Según fuentes del paso de frontera consultadas por Salto Al Día, la implicación de aduaneros en actividades de contrabando en la zona de Salto no es un hecho nuevo. Las mismas fuentes afirman que, si se realiza una investigación más profunda, se podrían encontrar muchos más funcionarios aduaneros involucrados en estas maniobras ilegales. "Salto está lleno de mercadería de contrabando en los almacenes y el paseo de compras no es la excepción", comentaron, señalando la magnitud del problema en la región.
Los informantes sugieren que, en muchas ocasiones, las acciones de permitir el paso de "amigos" con mercancía no declarada podrían estar coordinadas con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en Argentina. "Los de la AFIP, en menos de dos años, se hacen sus mansiones en Concordia", señalaron las fuentes, agregando que "compran autos, pasan viajando y se hacen ricos".
La situación parece ser más compleja de lo que se podría suponer, ya que, según las mismas fuentes, no se descarta que tanto funcionarios argentinos como uruguayos estén implicados en una red de contrabando organizada. Este tipo de declaraciones arroja luz sobre una posible complicidad que cruzaría las fronteras nacionales, lo que hace que las investigaciones en curso tomen mayor relevancia.
El funcionario de Aduanas de Salto, detenido recientemente durante allanamientos en la zona, podría ser solo la punta del iceberg de una problemática más amplia que involucra a varios actores. De acuerdo con las fuentes, "esto es solo un ejemplo de cómo funciona la red, donde cada pieza tiene un rol que juega en coordinación con otros". La policía y los organismos de control deberán actuar rápidamente para desmantelar esta posible red y tomar medidas firmes para prevenir que estas actividades continúen perjudicando la legalidad y la economía del país.
A la espera del pronunciamiento de la Fiscalía de Salto, los involucrados podrían enfrentar cargos graves si se comprueba su participación en este tipo de delitos. Por el momento, el tema sigue en investigación, mientras se buscan más pruebas que podrían implicar a otros funcionarios y complicidades internacionales.