Basilio Pintos defiende a los aduaneros y niega vínculos con contrabandistas en frontera de Salto

El presidente de AFA, Basilio Pintos, responde a las acusaciones de contrabando en la frontera de Salto, defendiendo la integridad de los funcionarios.

El presidente de AFA, Basilio Pintos, afirma que no hay pruebas de coordinación con contrabandistas y que la corrupción no es tolerada.

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Basilio Pintos, presidente del gremio de funcionarios de Aduanas (AFA), habló sobre los recientes casos de contrabando en Salto y las acusaciones hacia un funcionario de Aduanas. Pintos explicó los controles que se están implementando para detectar el enriquecimiento ilícito y los posibles sobornos de funcionarios. Según él, todos los funcionarios aduaneros están obligados a presentar una declaración jurada de bienes cada dos años, similar a otros funcionarios públicos. "Si hay sospechas sobre un incremento injustificado en el patrimonio de un funcionario, se abre un sumario interno," indicó Pintos. Además, el gremio proporciona abogados tanto para el proceso administrativo como para la defensa penal si se requiere.

Respecto a las acusaciones de que podría haber una coordinación entre aduaneros uruguayos y la AFIP argentina para facilitar el contrabando, Pintos negó rotundamente cualquier evidencia de confusión de intereses entre los funcionarios de ambos países. "No tenemos ninguna información sobre ese tipo de actividades. Mantenemos una buena relación con el sindicato argentino," añadió, señalando que cualquier sospecha deberá ser investigada a fondo.

Sobre los mecanismos de auditoría interna, Pintos destacó que Aduanas cuenta con varias herramientas, como una auditoría interna y un departamento de investigaciones y disciplinarias, para monitorear cualquier desviación en el comportamiento de los funcionarios, especialmente en zonas fronterizas como Salto. "Descarto totalmente que haya una cultura de impunidad dentro de Aduanas," subrayó, refiriéndose a las percepciones públicas que circulan sobre la institución.

Al ser cuestionado sobre cómo es posible que algunos funcionarios con sueldos relativamente bajos adquieran bienes de alto valor, Pintos reiteró que cualquier incremento patrimonial sospechoso debe ser justificado mediante la declaración jurada de bienes. "Si hay alguna sospecha, se investiga a fondo. Hemos tenido casos de funcionarios que fueron procesados y, luego de demostrarse su inocencia, regresaron a sus puestos," explicó.

Además, Pintos habló sobre las acciones que el gremio está tomando para proteger la reputación de los aduaneros honestos. "No toleramos la corrupción. Si se demuestra que un funcionario es culpable, no hay contemplaciones y es destituido," afirmó. También aseguró que no hay forma de que un funcionario despedido por contrabando vuelva a ingresar al servicio, a menos que una resolución judicial anule la destitución.

Pintos también abordó la situación económica y social que podría estar incentivando el contrabando en zonas fronterizas. Reconoció que la falta de oportunidades en ciertas áreas puede llevar a algunas personas a recurrir al contrabando, pero aclaró que la política de Aduanas es de "represión del contrabando" y que no pueden justificar estas acciones.

En cuanto a la relación entre Aduanas y la Fiscalía de Turno en Salto para abordar estos casos, Pintos expresó que considera la colaboración "muy eficiente", aunque reconoció que, como en todos los sectores del Estado, hay limitaciones de recursos y personal.

Finalmente, sobre el reciente caso del aduanero de Salto implicado, Pintos informó que el funcionario está actualmente declarando con el apoyo de un abogado. "No puedo especular sobre el resultado final, ya que no conozco todos los detalles del caso," concluyó, indicando que cualquier implicación directa se aclarará en el curso de la investigación.

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