Controversia por el uso de celulares como prueba en juicios: piden medidas de regulación

Expertos legales alertan sobre la falta de control en el uso de dispositivos electrónicos como evidencia en causas penales, señalando los riesgos a la privacidad y los abusos que esto puede generar en el proceso judicial. Reclaman una regulación clara y efectiva.

Expertos en derecho penal discuten la legalidad y regulación del uso de celulares como evidencia en procesos penales.

Expertos en derecho penal advierten sobre la falta de regulación y control en la apertura de celulares incautados en allanamientos.

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El uso de celulares como prueba en causas penales viene levantando polvareda entre abogados y penalistas en Uruguay. Gumer Pérez, un abogado de peso en el ámbito del derecho penal, advirtió que la falta de controles y regulaciones sobre la apertura de dispositivos incautados en allanamientos está generando un gran lío en términos de privacidad y respeto al debido proceso.

Según Pérez, aunque es legal interceptar comunicaciones, no hay un marco normativo claro que regule cómo se maneja la información que sale de los celulares. “Las órdenes de allanamiento son como un cheque en blanco: no especifican qué datos son relevantes para la causa, y así se termina revolviendo en la vida privada de la gente sin justificación”, explicó.

Pérez también señaló que, para colmo, la defensa no está presente cuando los fiscales revisan los celulares, dejando todo el control en manos de la fiscalía y los investigadores, sin que nadie controle qué se revisa y qué se usa. Esta falta de supervisión puede derivar en que se utilicen datos que poco o nada tienen que ver con la investigación en curso, lo que podría violar los derechos de los implicados.

Uno de los puntos más candentes es la famosa “teoría del hallazgo”, que permite utilizar información encontrada de casualidad durante la investigación. Esto ha encendido las alarmas entre los abogados, que piden a gritos una regulación que ponga freno al manoseo de datos personales, proteja la privacidad de la gente y evite los abusos en los procesos penales.

El tema está en boca de todos en los pasillos judiciales, donde se recalca la urgencia de un marco normativo que ponga orden en el uso de la tecnología en las investigaciones penales. Sin reglas claras, dicen los expertos, la cancha está desnivelada y la gente queda a merced de un sistema que necesita límites urgentes.