El plebiscito sobre seguridad social divide opiniones y genera tensiones políticas

El plebiscito sobre la seguridad social provoca un intenso debate sobre la administración de los fondos de jubilación.

La propuesta enfrenta a sectores políticos y plantea un debate sobre la administración de fondos de jubilación y el futuro del sistema.

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Por Lucía Fernández

Periodista

La consulta popular que busca modificar el sistema de seguridad social en Uruguay ha provocado diversas reacciones. Algunos sectores del Frente Amplio, con alta aprobación ciudadana según encuestas recientes, se oponen a la iniciativa que cuenta con la desaprobación de la mayoría del espectro político. Esto ha generado una situación tensa y compleja dentro de la propia coalición. Los temas de fondo reflejan profundas diferencias filosóficas e ideológicas, enfrentando posturas del capital contra las del trabajador, que parecen irreconciliables. Se presentan ideas de largo plazo para asegurar la sostenibilidad del sistema de un lado, y una alternativa presentada por el plebiscito del otro.

Un punto clave de la medida se centra en las AFAP, un sistema que, aunque no es considerado la solución ideal, ha permanecido sin cambios significativos por años. Se discute si la consulta implicará una pérdida de titularidad sobre los fondos, ya que estos pasarán a ser administrados por un fideicomiso bajo el control del Banco de Previsión Social (BPS). Este cambio ha desatado preguntas sobre la relación entre la identidad personal y los ahorros, ya que la creación de este fideicomiso implica entregar la propiedad fiduciaria sin intervención directa del individuo.

La administración por parte del BPS está diseñada para cubrir los mayores costos que se le atribuyen, lo que ha suscitado la necesidad de mayores ingresos fiscales. Además, se cuestiona si las AFAP, que operaban con bajos costos más allá de los beneficios empresariales, podrán ser reemplazadas sin generar nuevas pérdidas para los jubilados.

Se menciona también si el nuevo sistema puede considerarse una expropiación de los fondos. La papeleta de la consulta establece un plazo de 24 meses para reglamentar estos cambios, dejando incertidumbre sobre el destino final de los fondos. Las aportaciones se ajustarían, y el cálculo de las jubilaciones se basaría en el aporte real del trabajador, lo que podría modificar el monto final que recibirán los jubilados.

Uno de los aspectos más delicados es la continuidad de la propiedad de los fondos personales. Bajo las nuevas reglas, los fondos retornados al BPS formarán parte del cálculo jubilatorio y se actualizarán según el índice medio de salarios, pero ya no serán heredables. Esto plantea dudas sobre el derecho de propiedad de los ahorros de los trabajadores, un tema central para muchos ciudadanos.

Todo esto se desarrolla en un contexto de desconfianza hacia el sistema político y las decisiones económicas que impactan directamente en los jubilados y futuros pensionistas. Los críticos alertan que la consulta podría significar una expropiación de los ahorros individuales, un giro radical en la gestión financiera personal de los uruguayos.

La situación sigue siendo compleja, con diversos puntos de vista sobre la viabilidad del sistema, su sostenibilidad económica y la defensa de los derechos de los jubilados. Mientras tanto, los uruguayos esperan que se resuelva uno de los momentos más críticos y polarizadores en la historia reciente del sistema de seguridad social del país.