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La Fiscalía de Salto enfrenta acusaciones de inacción y supuestos intereses que generan descontento en la comunidad. Foto Gonzalo Sualina / Salto Al Día
Acusan a la Fiscalía de Rodríguez Carrete de frenar investigaciones sensibles, levantando sospechas sobre supuestos intereses políticos.
La Fiscalía de Salto, encabezada por Rodríguez Carrete, se encuentra en el centro de la polémica por su inacción en casos que tienen a la comunidad al borde del hartazgo. Entre las preocupaciones más grandes está la falta de respuestas sobre las supuestas irregularidades en la licitación de chapas de taxi, un proceso que muchos consideran amañado y que podría favorecer a cooperativas formadas por trabajadores informales.
¿Justicia paralizada o intereses ocultos?
Alberto Brizuela, presidente de la gremial de permisarios del Centro Unión Taximetristas de Salto, ha sido una de las voces más críticas. Según Brizuela, la licitación de nuevas chapas favorece a personas que operan de manera ilegal, dejando a los taxistas que cumplen con la normativa en una situación insostenible. "Presentamos todos los recursos, pero parece que la Fiscalía está de brazos cruzados", denunció Brizuela, haciendo eco del sentir de muchos que ven en la falta de acción una sospechosa complicidad.
Los taxistas no son los únicos que cuestionan la actuación del fiscal Rodríguez Carrete. La "Operación Lisboa", que desnudó una red de corrupción en la venta de libretas de conducir truchas, parece haberse enfriado en los despachos de la Fiscalía. A pesar de las detenciones y la evidencia contundente, el proceso se ha detenido y los involucrados siguen en libertad con medidas preventivas, generando la sensación de que no hay voluntad real de aclarar los hechos.
¿Protección a los corruptos? La sospechosa lentitud de la Fiscalía
La comunidad de Salto se pregunta si la inacción de la Fiscalía responde a favores o intereses políticos, y no a una falta de pruebas. La red de libretas truchas, que puso en evidencia a funcionarios que vendían licencias de conducir sin los requisitos legales, sigue sin resolverse. "No puede ser que con todo lo que salió a la luz, los responsables sigan caminando tranquilos por la calle", lamenta un vecino afectado por la inseguridad vial.
La lentitud y aparente indiferencia de la Fiscalía no solo afectan a los taxistas, sino que también generan un manto de duda sobre la transparencia del sistema judicial. Los gremios de Salto insisten en que no están pidiendo favores, solo que se cumpla la ley y se actúe contra quienes la violan descaradamente. "Estamos hartos de que nos hagan sentir que hay ciudadanos de primera y de segunda", reclamó Brizuela, mientras la paciencia se agota.
La comunidad exige respuestas: Rodríguez Carrete en el ojo de la tormenta
Los rumores sobre posibles influencias políticas y falta de imparcialidad ensombrecen la gestión de Rodríguez Carrete, quien ha sido señalado por la falta de avances en estos casos que afectan a toda la comunidad. Los gremios y ciudadanos afectados no solo piden justicia, sino que exigen que se ponga fin a lo que consideran una protección a los corruptos e informales.
La pasividad de la Fiscalía es vista como una ofensa a quienes cumplen con la ley, pagan impuestos y respetan las normativas. A medida que las promesas de justicia se diluyen, la presión sobre Rodríguez Carrete aumenta. Salto no puede seguir esperando mientras las supuestas alianzas entre fiscales y poderosos dejan a los trabajadores y ciudadanos comunes desprotegidos y a la deriva.
La comunidad reclama acción inmediata, y la pregunta que queda flotando es: ¿qué intereses están protegiendo? Con cada día que pasa sin respuestas claras, crece la desconfianza en un sistema que parece estar al servicio de unos pocos, y no de la justicia.
Fundado el 9 de abril de 2010, Diario Salto Al Día es un medio de prensa de Uruguay que se dedica a informar sobre noticias nacionales e internacionales.