Fiscal Rodríguez Carrete con casos dormidos: denuncias por licitaciones y libretas falsas sin avanzar

El fiscal Rodríguez Carrete tiene paralizadas las denuncias del gremio de taxistas de Salto por la licitación de chapas y las libretas de conducir falsas. A pesar de las pruebas y los reclamos, la Fiscalía no ha mostrado avances, dejando sin justicia a los afectados. La comunidad exige respuestas claras mientras los casos siguen dormidos y sin una resolución a la vista, aumentando la desconfianza en el sistema judicial y en la actuación de las autoridades responsables.

La Fiscalía sigue sin dar respuestas ante las denuncias de taxistas y la falsificación de libretas, generando malestar. Alberto Brizuela, presidente de la gremial de permisarios del Centro Unión Taximetristas de Salto.

La falta de respuestas de la Fiscalía de Rodríguez Carrete tiene en vilo a taxistas y ciudadanos ante casos sin resolver.

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La Fiscalía a cargo de Rodríguez Carrete está bajo la lupa por la inacción en casos que tienen en ascuas a la comunidad de Salto. Alberto Brizuela, presidente de la gremial de permisarios del Centro Unión Taximetristas de Salto, ha levantado la voz por la falta de respuesta ante el recurso presentado para frenar una licitación de chapas de taxi que consideran irregular y perjudicial. Según Brizuela, la licitación favorece a cooperativas formadas por informales que han estado operando ilegalmente, mientras los taxistas que cumplen con la normativa ven cómo su fuente de trabajo se erosiona.

El gremio presentó un recurso de reposición y apelación contra la licitación, señalando que en un contexto de competencia desleal y sin fiscalización efectiva, avanzar con la adjudicación de nuevas chapas es un despropósito. “No es el momento ni las condiciones son justas”, señala Brizuela, quien cuestiona la pasividad de la Fiscalía y la falta de acción por parte del fiscal Rodríguez Carrete. "Hicimos todo en tiempo y forma, pero parece que la justicia tiene los ojos cerrados”, agregó.

El enojo no solo viene de los taxistas, sino también de otros sectores que ven con preocupación la falta de avances en casos clave para la seguridad y la legalidad. Entre ellos, el escándalo de las libretas de conducir falsas que salpican a funcionarios públicos y ha dejado al descubierto una red que operaba con total impunidad. La “Operación Lisboa” reveló una serie de maniobras fraudulentas en la emisión de licencias de conducir, involucrando a funcionarios que vendían libretas a precios accesibles y sin exámenes requeridos, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Pese a las detenciones iniciales y las pruebas presentadas, la investigación se ha enfriado y muchos imputados han quedado en libertad bajo medidas preventivas. Desde la Fiscalía no hay avances significativos, y esto ha levantado sospechas de falta de voluntad para esclarecer los hechos. La ciudadanía y los gremios afectados reclaman acciones concretas y un compromiso real con la justicia.

Rodríguez Carrete, cuya Fiscalía debería liderar estos procesos, ha sido señalado por no dar respuestas y mantener en vilo a los denunciantes. “Todo está estancado, los informales siguen trabajando y nosotros, que pagamos impuestos y cumplimos con la ley, quedamos a la deriva”, lamenta Brizuela. La falta de celeridad en la justicia es vista como una afrenta a quienes exigen igualdad de condiciones y el respeto por las normativas vigentes.

A la espera de una reacción, tanto en el caso de la licitación como en el de las libretas truchas, la paciencia se agota. Los gremios insisten en que no buscan un conflicto, sino que se respeten sus derechos y se actúe con firmeza contra quienes violan las normas. La luz de alerta está encendida y la presión aumenta sobre Rodríguez Carrete, que deberá responder ante la inacción de su Fiscalía y el descontento que crece en Salto.