Frente Amplio exige respuestas por muertes en prisión y denuncias de irregularidades

El Frente Amplio llama a sala al ministro del Interior por la muerte de seis reclusos en un incendio y la supuesta falta de protocolos en las visitas a cárceles. Señalan el colapso del sistema penitenciario y denuncian que menores visitan a ofensores sexuales sin supervisión adecuada.

La crisis en el sistema penitenciario expone serias fallas en seguridad y derechos humanos, generando debates urgentes. Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El Frente Amplio cuestiona al ministro por las muertes en prisión y la ausencia de protocolos en visitas carcelarias con menores.

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La bancada del Frente Amplio (FA) está lista para llamar a sala al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Buscan respuestas claras sobre el estado del sistema carcelario. El detonante de esta solicitud fue la reciente muerte de seis reclusos, ocurrida el pasado miércoles, en un incendio dentro de una zona de media seguridad en el módulo 4 de la prisión de Santiago Vázquez (antes conocida como Comcar). Las primeras investigaciones apuntan a un escenario oscuro: las autoridades manejan la hipótesis de que el fuego habría sido iniciado intencionadamente por otros internos, lo que significaría que las víctimas fueron asesinadas.

No se trata de un incidente aislado. Solo seis meses atrás, otra tragedia tuvo lugar en el mismo establecimiento: seis presos murieron en circunstancias similares, presuntamente incinerados por otros privados de libertad.

Al ser consultada por la prensa, la diputada Bettiana Díaz, del Movimiento de Participación Popular, afirmó que estos eventos demuestran un "colapso del sistema". No obstante, la solicitud de interpelación no se limitará a estos incendios. El FA tiene la intención de denunciar la aparente ausencia de protocolos durante las visitas en las cárceles. La situación cobra gravedad a partir de una realidad alarmante: menores de edad están visitando a personas detenidas por delitos sexuales contra niños y adolescentes, especialmente en la prisión de Punta de Rieles.

Díaz, que recientemente presentó un pedido de informes al respecto, señala que hay cerca de 100 ofensores sexuales en esa cárcel y que esta situación se repite desde 2022. “Los funcionarios dicen que han denunciado el hecho ante el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ante el INAU y ante la Justicia”, comentó. Sin embargo, la realidad muestra que no hay un protocolo que garantice la protección de los menores. La diputada ha identificado incluso casos en los que niños, víctimas de abuso bajo medidas cautelares, siguen siendo llevados a visitar a sus agresores. Y lo más preocupante es que esas visitas ocurren sin supervisión ni custodia de funcionarios.

Ahora, la legisladora busca esclarecer quién autoriza estas visitas y cómo se están implementando las medidas para evitar que los menores queden expuestos a un nuevo contacto con sus abusadores.

Los detalles sobre el llamado a sala serán ajustados en las próximas horas. El Frente Amplio espera que el oficialismo acepte discutir la situación en régimen de comisión general. De no ser así, la coalición de izquierda optará por interpelar directamente al ministro Martinelli.