Graves acusaciones de encubrimiento y destrucción de pruebas sacuden al gobierno a semanas de las elecciones

El gobierno enfrenta un escándalo de gran magnitud tras descubrirse que altos funcionarios mintieron al Parlamento y destruyeron pruebas clave en el caso de Sebastián Marset. Este hecho, a semanas de las elecciones, podría afectar gravemente la credibilidad del gobierno y su futuro político..

Crecen las críticas al gobierno por la manipulación y destrucción de pruebas en un caso que sacude la campaña electoral.

Altos funcionarios del gobierno habrían engañado al Parlamento y eliminado pruebas fundamentales relacionadas con el caso Marset.

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A menos de dos meses de las elecciones nacionales, el gobierno uruguayo enfrenta un escándalo que podría cambiar el rumbo de la campaña. Un informe del fiscal Alejandro Machado revela que altos jerarcas, incluidos ministros y subsecretarios, no solo mintieron al Parlamento, sino que también se concertaron para hacer desaparecer pruebas clave sobre la entrega irregular del pasaporte al narco Sebastián Marset.

El dictamen, de 103 páginas, establece que los ministros involucrados en la polémica no solo ocultaron información importante en la interpelación, sino que coordinaron acciones para tapar su conocimiento sobre Marset, un narco de alto perfil que ahora anda prófugo. Se señala que desde octubre de 2021, autoridades clave sabían quién era Marset y su rosca con el delito, pero eligieron callarse la boca.

Uno de los puntos más fuertes del informe confirma que un alto asesor presidencial ordenó la destrucción de un documento que contenía charlas entre el subsecretario del Ministerio del Interior y la vicecanciller, las cuales revelaban que ya sabían de Marset. Esta movida, calificada como un delito grave, podría traer consecuencias penales pesadas para los metidos.

El presidente, por su parte, salió a bancar a sus ministros, diciendo que nadie mintió al Parlamento. Sin embargo, el informe del fiscal contradice esto, señalando que los jerarcas no solo coordinaron para mentir, sino también pa’ manipular la narrativa y minimizar el quilombo ante la gente y los senadores.

El escándalo ha generado un tembladeral político en plena campaña electoral. La oposición pide una investigación a fondo y no descarta impulsar un juicio político contra los responsables. Han calificado estas acciones como una burla a la democracia y un golpe contra la transparencia que debería primar en el manejo de los asuntos de Estado.

El impacto de estas revelaciones se siente en la calle, con una bronca que podría cambiar los apoyos en las urnas. Para muchos, que altos jerarcas hayan mentido y destruido pruebas pa’ tapar sus actos es un golpe duro a la confianza en las instituciones.

Mientras esto se desarrolla, la presión sobre el gobierno crece. El presidente y su entorno tendrán que enfrentar un escenario complicado, con el ojo de los votantes encima y las exigencias de justicia y transparencia de la oposición y la gente. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, este caso puede ser un punto de inflexión que marque el futuro político del país.