Propuesta busca reducir el gasto público asociado al mantenimiento de reclusos extranjeros con condenas por delitos graves.
El proyecto de ley plantea la deportación automática tras una condena judicial por delitos graves, afectando a cualquier extranjero adulto, sin importar su estatus migratorio.
En las cárceles locales, se encuentran 373 presos extranjeros, siendo la mayoría de ellos de origen argentino y brasileño, con solo 38 mujeres entre ellos. La semana pasada, el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó en el Senado un proyecto de ley que busca su deportación.
Según datos oficiales, de los 15.903 reclusos que había en el sistema penitenciario hasta el 24 de julio, el 2,35% corresponde a personas de otras nacionalidades, lo que equivale a 373 individuos.
Entre ellos, 139 son de nacionalidad brasileña (121 hombres y 18 mujeres), 102 de origen argentino (93 hombres y 9 mujeres), y 20 provenientes de República Dominicana, todos varones. Asimismo, se reportan 19 colombianos (18 hombres y 1 mujer), 16 chilenos (15 hombres y 1 mujer) y 16 paraguayos (12 hombres y 4 mujeres).
El listado continúa con 15 cubanos, 13 venezolanos, ocho bolivianos, cuatro españoles, cuatro peruanos, tres estadounidenses, dos italianos, dos montenegrinos, y un individuo de cada uno de los siguientes diez países: Bulgaria, Ecuador, Filipinas, Francia, Guatemala, Holanda, Marruecos, México, Nigeria y Polonia.
Crecimiento en los homicidios y la defensa gubernamental
El número de homicidios ha experimentado un aumento en comparación con la gestión anterior, aunque las autoridades sostienen haber frenado la tendencia creciente.
Propuesta de deportación inmediata para infractores extranjeros
El exministro Heber ha propuesto una medida que busca la expulsión casi inmediata de extranjeros involucrados en delitos graves o de extrema gravedad. El viernes pasado presentó un proyecto legislativo en la Cámara Alta que plantea la inclusión de un artículo en la Ley N.º 18.250, aprobada en 2008. El objetivo es incorporar la figura de la deportación, una práctica adoptada en varios países.
De acuerdo con la propuesta, la deportación funcionaría como un mecanismo de expulsión automática tras una sentencia condenatoria, aplicándose a personas extranjeras mayores de edad que hayan sido encontradas culpables de delitos graves, enviándolas de regreso a su país de origen.
La medida afectaría a cualquier extranjero adulto, sin importar su situación migratoria. Tras la deportación, la persona no podría reingresar hasta cumplir la totalidad de su condena.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de que los reclusos extranjeros que ya se encuentran encarcelados puedan ser deportados para cumplir su pena en su país de origen. Si no fuera posible, serían expulsados una vez finalicen su condena local.
El marco legal propuesto responde al principio de reciprocidad internacional y advierte que los extranjeros encarcelados deben ser mantenidos con los recursos provenientes de los impuestos, afectando el presupuesto destinado a mejorar las condiciones penitenciarias, la rehabilitación y los servicios de salud. La mayoría de estos individuos ha sido condenada por delitos como robos, narcotráfico, trata de personas, delitos sexuales, homicidios, estafas y tráfico de armas.