Uruguay lidera en hacinamiento carcelario en América Latina con niveles críticos y condiciones deplorables para los reclusos.

La situación carcelaria en Uruguay se agrava por el hacinamiento, la violencia y la falta de recursos básicos.

Las cárceles uruguayas presentan condiciones alarmantes de hacinamiento, violencia y falta de atención médica y educativa.

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La realidad de las cárceles en Uruguay es crítica, con un hacinamiento que se ha vuelto incontrolable, generando violencia y desorden en el sistema penitenciario. La alimentación es deficiente, la atención en salud es inadecuada y los programas educativos son casi inexistentes en muchas unidades.

Este escenario fue detallado por la Oficina del Comisionado Parlamentario en su informe de 2023, difundido por el semanario Búsqueda. Según el reporte, la población carcelaria no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas, superando los 16.000 reclusos, de los cuales un 40% cumplen penas menores a dos años. Esto ubica a Uruguay entre los países con mayor cantidad de presos por habitante en América del Sur y dentro de los diez primeros a nivel mundial.

Las condiciones actuales de las cárceles, deterioradas y sin recursos adecuados, son una de las causas de la delincuencia futura. Para garantizar una seguridad pública sólida, es fundamental un sistema penitenciario rehabilitador y técnico, advierte el comisionado Juan Miguel Petit.

El hacinamiento empeoró respecto a 2022, alcanzando un 120%. Aunque la construcción de nuevas cárceles ha aliviado brevemente la situación, desde 2018 la densidad sigue en aumento, superando la capacidad de alojamiento desde 2020. El informe critica la estrategia de construir más cupos como respuesta al incremento de presos, sugiriendo que es una solución poco viable.

Los autores proponen una reestructuración del sistema, enfocada en medidas alternativas para penas cortas y programas de reinserción que disminuyan la reincidencia. Aunque las condiciones varían en diferentes regiones del país, la mayoría de los centros penitenciarios enfrentan hacinamiento, con más de 1.000 plazas nominales libres a mediados de 2024.

La problemática de las cárceles uruguayas no es nueva; informes internacionales, como el del Departamento de Estado de Estados Unidos, también han destacado las malas condiciones, señalando hacinamiento, insalubridad, atención médica deficiente y alta violencia interna.

En declaraciones previas, Petit sostuvo que la creación de medidas alternativas a la prisión es crucial, pero la falta de presupuesto limita las propuestas en todo el país. La informalidad y carencias del sistema penitenciario actual favorecen la corrupción, afectando tanto la misión del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como el gasto público.

Las instituciones subrayan la necesidad de transformar el INR, dotándolo de mayor autonomía y reestructurando su gestión. Proponen también la capacitación del personal penitenciario y la incorporación de nuevos roles para técnicos y profesionales.

Finalmente, el informe sugiere una política diferenciada para mujeres, un programa de educación en cárceles y un módulo específico para la atención de la salud mental de los reclusos.