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La muerte de Aralí expone graves fallos en la protección a menores en situaciones de vulnerabilidad.
Muerte de Aralí enciende denuncias de abuso y abandono; el fiscal evalúa pena de perpetua para los responsables del crimen.
El caso de Aralí Vivas, la niña de 8 años hallada muerta en su hogar tras un incendio en la localidad de Brinkmann, ha sacudido a la sociedad y destapado un horror oculto. Según reveló Oscar Gieco, fiscal a cargo del caso, uno de los imputados confesó espontáneamente que “era costumbre abusar de esa niña”. Esta declaración, dada en presencia de tres policías, aporta un estremecedor detalle a la investigación, que ahora avanza hacia la posibilidad de un “homicidio criminis causa”, es decir, un asesinato cometido para encubrir otro delito, en este caso, el abuso. De prosperar esta imputación, los responsables enfrentarían una pena de prisión perpetua.
La trágica secuencia y el hallazgo del cuerpo
Aralí fue encontrada sin vida alrededor de las 14 horas del sábado 2 de noviembre, tras un incendio en su vivienda. La autopsia reveló signos de abuso y un traumatismo craneal, descartando que la causa de muerte fuera la inhalación de humo. En un aspecto desolador de este caso, se supo que los dos hermanos de Aralí, también menores, convivieron con el cuerpo de la niña durante aproximadamente 14 horas, sin comprender la gravedad de lo ocurrido. Según relató uno de los hermanos, intentó en vano despertarla, creyendo que estaba dormida.
La prima de la madre, Betiana, quien ahora tiene a su cuidado a los hermanos de la víctima, aseguró a los medios que los niños están “tranquilos y contenidos”. Sin embargo, la magnitud del trauma que enfrentan es incalculable, y la justicia continúa trabajando para proteger a los menores y garantizar que reciban el apoyo necesario.
Una investigación que apunta a los tres detenidos
En este crimen, están implicados Ezequiel Simeone, el padrastro de Aralí, de 33 años, su amigo Cristian Hernán Varela, de 40, y la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch, de 28 años, quien es considerada partícipe necesaria. Simeone y Varela están imputados como coautores, mientras que Rauch enfrenta cargos por haber permitido los abusos y, presuntamente, por ser cómplice en el intento de encubrirlos.
El fiscal Gieco indicó que la motivación detrás de la muerte de Aralí parece ser el intento de ocultar el abuso al que, según el imputado, la niña era sometida de manera habitual. Esta declaración ha impulsado al fiscal a considerar un agravamiento de la imputación, buscando la máxima pena permitida por la ley.
La reconstrucción de los hechos mediante cámaras de seguridad
Las cámaras de seguridad de la zona han sido fundamentales para reconstruir los movimientos de los acusados. La secuencia de aquella noche empieza el viernes a las 21:16, cuando Varela llegó en bicicleta a la casa de Simeone. Durante varias horas, ambos realizaron movimientos extraños que incluyeron la utilización de la bicicleta de Varela por parte de Simeone. Este último regresó a su hogar recién a las 3:27 de la madrugada del sábado.
Pasado el mediodía, Simeone fue visto saliendo de la casa junto a los dos menores, llevándolos a una plazoleta cercana. Luego, a las 13:46, regresó a la vivienda y, según testigos, comenzó el incendio. Apenas unos minutos después, un vecino notó el humo y llamó a los bomberos, que llegaron a las 13:59 y, tras controlar el fuego, encontraron el cuerpo de Aralí. Esta cronología detalla momentos que resultan clave en el análisis de la causa y siembra dudas sobre la versión de Simeone, quien alega no haber estado en la casa cuando ocurrió el siniestro.
Los antecedentes y la situación judicial de la madre
Simeone ya tenía antecedentes por violencia de género, lo que agrava su situación. Por otro lado, fuentes policiales señalaron que Rauch podría haber estado ausente de su hogar por varios días y en situación de consumo de drogas, lo cual complica aún más su situación ante la justicia.
Un grito de justicia en Brinkmann
El asesinato de Aralí ha desencadenado un fuerte reclamo social en Brinkmann. Vecinos y allegados a la familia, conmocionados por la noticia, han salido a las calles para exigir justicia y pedir que este caso marque un cambio real en el cuidado de los niños en situación de riesgo. Las críticas no se limitan a los acusados, sino que también apuntan a las autoridades locales. En particular, la UDER (Unidad de Desarrollo Regional) de San Francisco ha sido cuestionada por no haber tomado medidas efectivas para proteger a Aralí y sus hermanos, ignorando alertas de profesionales que señalaban el entorno familiar peligroso en el que vivían.
El caso de Aralí representa un llamado urgente a revisar los mecanismos de protección infantil en situaciones de vulnerabilidad. La niña, según el fiscal y los registros del caso, fue víctima de un ambiente en el que el abuso parecía ser una práctica regular, ignorada por quienes debían velar por su seguridad. En su memoria, los manifestantes piden cambios que garanticen que ningún otro niño atraviese una tragedia similar.
La muerte de Aralí no debe quedar en la indiferencia. Es un doloroso recordatorio de las fallas del sistema y de la responsabilidad colectiva de proteger a los más indefensos.
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