Un ciudadano cubano será deportado de Uruguay tras cumplir una condena por abuso sexual, violencia doméstica y tráfico de municiones. Foto Dante Fernandez / FocoUy
La Ley 18.250 se aplica a un cubano condenado por múltiples delitos. Tras su sentencia, será deportado a su país de origen.
Un hombre de nacionalidad cubano, de unos 40 años, fue procesado a seis años y ocho meses de prisión en Uruguay por una serie de delitos graves, entre ellos abuso sexual agravado, violencia doméstica, lesiones personales y tráfico de municiones. La decisión, que se logró a través de un juicio abreviado, también incluye su expulsión del país una vez que cumpla su condena.
La indagación estuvo a cargo de la fiscal de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas, quien señaló que el acusado utilizaba redes sociales para contactar a sus víctimas, mujeres de similar edad, a quienes presentaba una fachada de hombre trabajador como mecánico y vendedor de autos. .
El artículo 47 y la expulsión.
Conforme a lo establecido en la Ley 18.250, específicamente su artículo 47, la expulsión es aplicable a extranjeros que hayan cometido delitos dolosos y recibido penas de penitenciaría. Además, esta medida también se justifica en casos donde se evidencian patrones de reincidencia delictiva. Aunque la normativa es común aplicada en delitos relacionados con el narcotráfico, en esta ocasión el tráfico de municiones fue el factor determinante que permitió su aplicación.
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación, una vez cumplida la condena, un juez de ejecución deberá confirmar la orden de expulsión para que el procesado sea enviado de regreso a Cuba.
Un modus operandi inquietante
El hombre llevaba aproximadamente cinco años viviendo en Uruguay, tiempo en el que desarrolló un patrón claro de manipulación y violencia. A través de redes sociales, establecía contacto con sus víctimas, mujeres provenientes de Las Piedras, Pando y Ciudad de la Costa. Después de ganar su confianza, iniciaba relaciones sentimentales con ellas y llegaba a convivir en sus hogares, donde posteriormente cometía los abusos y las agresiones.
La primera denuncia llegó en enero de 2023, cuando una de las víctimas decidió acudir a la fiscalía para narrar los abusos sufridos. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron una investigación que incluyó el testimonio de otras dos mujeres que habían sufrido experiencias similares.
Una condena significativa
El proceso judicial se resolvió mediante un juicio abreviado, un mecanismo que, aunque más ágil que un juicio ordinario, requiere que el imputado admita su responsabilidad en los hechos que se le imputan. Esto permitió establecer la pena y garantizar justicia para las víctimas de manera más expedita.
Además del abuso sexual agravado, la condena incluye cargos por violencia doméstica y lesiones personales. Sin embargo, fue el tráfico de municiones el delito clave que abrió la puerta a la futura expulsión, demostrando la gravedad de las acciones del condenado.
Reflexiones sobre un caso complejo
Este caso pone en evidencia la importancia de las herramientas legales para garantizar la protección de las víctimas y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia este tipo de delitos. Las redes sociales, un espacio diseñado para conectar a las personas, pueden convertirse en un terreno peligroso si caen en manos equivocadas, como lo demuestran los hechos aquí expuestos.
Por otro lado, resalta la valentía de las víctimas que decidieron denunciar, enfrentándose al miedo y al estigma que muchas veces acompaña este tipo de situaciones. Su decisión no solo permitió obtener justicia, sino también evitó que otras mujeres fueran perjudicadas.
El camino hacia la justicia
Con la condena ya firme, el próximo paso será monitorear el cumplimiento de la pena y, finalmente, ejecutar la orden de expulsión. Aunque el caso llega a su desenlace judicial, deja lecciones importantes sobre la importancia de denunciar, proteger a las víctimas y utilizar las leyes como herramienta para preservar la seguridad de la sociedad.
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