La denuncia de abuso policial en el INAU ha generado una ola de indignación y demanda de medidas de protección para los menores. Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Un adolescente del INAU denunció que un policía mantenía relaciones sexuales con internas a cambio de dinero y marihuana. El caso ha encendido un debate sobre la seguridad en estos centros.
En una revelación estremecedora, un adolescente alojado en el Proyecto Lezica del INAU lanzó serias acusaciones contra un policía asignado al servicio 222 en el centro. La denuncia surgió cuando la directora y la coordinadora del hogar escucharon al joven amenazar al policía, quien se mostró visiblemente nervioso al ser confrontado, argumentando que el adolescente le pedía tabaco y hojillas.
Durante una reunión privada, el adolescente reveló que el policía mantenía relaciones sexuales con dos jóvenes del centro a cambio de dinero y golosinas, incluyendo marihuana. Esta versión fue confirmada por las adolescentes ante las autoridades y en una consulta médica posterior. Uno de los encuentros tuvo lugar en Monte la Francesa, alrededor de las 23 horas, después de que el policía terminara su turno.
Los testimonios también indicaron que el policía ofreció dinero a otras tres adolescentes a cambio de favores sexuales, llegando a preguntarles cuánto cobraban. Este comportamiento ya había sido registrado en el parte diario del centro, que documentaba una salida no autorizada de las jóvenes el 1 de noviembre.
Entre las víctimas se encuentra una adolescente de 15 años, que en febrero había sufrido la muerte neonatal de su bebé. Este caso, junto con otros similares, ha desatado un intenso debate sobre la presencia de policías en los centros del INAU, que deberían ser lugares de protección y cuidado para adolescentes vulnerables.
Un informe de Unicef publicado en julio ya había señalado abusos por parte de policías en el hogar ex Tribal, incluyendo la represión de adolescentes durante conflictos internos. Estos casos han generado una creciente indignación y demandas de medidas más estrictas para asegurar la protección de los jóvenes en estos hogares.
Según datos recabados por Salto Al Día, la situación ha puesto en tela de juicio la capacidad del INAU para garantizar la seguridad de los menores a su cargo. Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva y la implementación de reformas para prevenir futuros incidentes. La sociedad uruguaya, conmocionada por estos hechos, exige justicia y cambios tangibles que garanticen la seguridad y el bienestar de los menores en cuidado estatal.
La justificación oficial de la presencia de policías en los centros del INAU ha sido proteger a los internos de amenazas externas. Sin embargo, los recientes escándalos demuestran que estas medidas son insuficientes y, en algunos casos, contraproducentes. Es imperativo que se tomen acciones contundentes para eliminar cualquier riesgo de abuso dentro de estos establecimientos.
Este caso plantea una pregunta crucial: ¿cómo puede la sociedad garantizar que los espacios diseñados para proteger a los más vulnerables no se conviertan en lugares de peligro? La respuesta requiere un compromiso colectivo de vigilancia, responsabilidad y acción.
El llamado a la acción es claro: las instituciones involucradas en la protección de la niñez y adolescencia deben actuar con diligencia para asegurar que quienes están en posiciones de autoridad no abusen de su poder. La justicia debe prevalecer, y los responsables deben enfrentar las consecuencias de sus actos.
La sociedad no puede permitirse mirar hacia otro lado. Es hora de exigir medidas efectivas y una reforma integral del sistema de protección de menores, para asegurar que los derechos y la dignidad de los jóvenes sean respetados en todo momento.
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