La Justicia soporta medidas en un caso de corrupción, ordenando la prisión preventiva de un exfuncionario mientras avanza el proceso judicial.
La Cámara de Casación Penal revocó medidas previas y ordenó su prisión preventiva hasta que la Corte Suprema defina el fallo condenatorio.
La Cámara de Casación Penal de Paraná dio un giro determinante en la situación judicial del ex gobernador justicialista Sergio Daniel Urribarri (2007-2015). En una decisión que marca un hito en el combate contra la corrupción, se dispuso su prisión preventiva hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la condena en su contra. Urribarri fue sentenciado a ocho años de prisión por diversas maniobras de corrupción vinculadas a su gestión.
Un fallo que no deja margen para la fuga
La resolución, detallada en un extenso documento de 74 páginas, revoca previas más leves medidas impuestas por el Tribunal de Juicio. Las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo coincidieron en que existía un riesgo latente de fuga que ponía en peligro las multas del proceso. Según Davite, "los tratados internacionales firmados por Argentina exigen un escrutinio especial en casos de corrupción, exigiendo que este tipo de delitos sean investigados y castigados con mayor intensidad".
El momento de la detención
Urribarri fue arrestado en su residencia de Concordia, mientras que su cuñado y también condenado, Juan Pablo Aguilera, fue detenido en Paraná. Ambos serán trasladados a la Unidad Penal 1 de Paraná. La escena estuvo marcada por un despliegue policial notable, con ambulancias presentes en las inmediaciones, lo que refleja la tensión del operativo.
Las causas que lo llevaron a la cárcel
El ex gobernador fue hallado culpable en cinco causas de corrupción:
- Uso de recursos estatales para financiar su campaña presidencial, incluyendo un parador en Mar del Plata y spots publicitarios relacionados con la Cumbre del Mercosur 2014.
- Cartelización de contratos de publicidad a favor de empresas vinculadas a su cuñado.
- Contratación irregular de servicios de publicidad a través de la firma Global Means.
Estas maniobras, según la Justicia, constituyeron un esquema sostenido de peculado y negociación incompatible con la función pública.
Defensas y maniobras dilatorias
El abogado defensor, Leopoldo Cappa, adelantó que apelará la decisión de prisión preventiva, aunque reconoció que esta acción no suspende el encarcelamiento de Urribarri. Por su parte, la Cámara señaló las reiteradas maniobras dilatorias de la defensa, calificándolas como intentos deliberados de obstaculizar el proceso penal.
El impacto político y social
La noticia de la detención de Urribarri remueve aguas en la política entrerriana y nacional. No solo se trata de un ex gobernador condenado, sino también de un ex embajador argentino en Israel que ocupaba un cargo diplomático al momento de conocerse su sentencia inicial.
Esta medida, que coloca a Urribarri tras las rejas, se convierte en un símbolo de la presión creciente sobre los funcionarios públicos acusados de corrupción, subrayando la importancia de los tratados internacionales que priorizan el esclarecimiento y la sanción de estos delitos.
Un final abierto
Mientras la defensa promete seguir apelando, el destino judicial de Urribarri y de su cuñado parece cada vez más definido. La Justicia ha dado un mensaje claro: la impunidad no es una opción en casos que dañan la confianza pública. Sin embargo, la resolución final está en manos de la Corte Suprema.
¿Será esta la última página en la historia judicial del ex gobernador? El tiempo y los próximos fallos lo dirán.
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