Burocracia e ineficiencia: cómo el MSP encarece la vida de los uruguayos y retrasa avances médicos

Altos costos y trabajos administrativos en el registro de dispositivos médicos generan impacto en empresas y en el acceso a la salud.

Las empresas deben enfrentar costos elevados, demoras prolongadas y procesos innecesarios para registrar dispositivos médicos en el país.

En Uruguay, el discurso oficial, se repite hasta el hartazgo por políticos y funcionarios, ensalza al país como un paraíso para los negocios. "Aquí se pueden desarrollar inversiones con total apoyo del Estado", proclaman, mientras pintan una fantasía de puertas abiertas y facilidades para emprender. Pero esta retórica vacía se desmorona tan pronto como una empresa del sector de dispositivos médicos intenta operar en el país.

Lo que encuentra no es un sistema eficiente ni talentoso, sino un entramado kafkiano de trabajos burocráticos, negligencia estatal y costos ridículamente altos. Este "Uruguay ideal" resulta ser un pantano burocrático, donde cualquier trámite se convierte en una carrera de obstáculos diseñada, al parecer, para desalentar la inversión y el desarrollo.

Un ejemplo concreto ilustra esta distopía administrativa. Un empresario extranjero, interesado en introducir dispositivos médicos innovadores, descubre que antes de siquiera iniciar el trámite de registro debe contratar un depósito autorizado y los servicios de una Química Farmacéutica. ¿El resultado? Desde el primer día, la empresa debe cargar con costos fijos absurdos, como el sueldo de la técnica y las tarifas del depósito, mientras los trámites se arrastran durante meses, o incluso años, en el cajón de algún burócrata.

Por supuesto, esto no termina ahí. Registrar un solo dispositivo médico cuesta unos 1.600 dólares, a los que hay que sumar traducciones, legalizaciones y apostillas de documentos en el país de origen. Cuando todo está dicho y hecho, el costo total puede ascender a 8.500 dólares por producto. Y si una empresa quiere registrar varias familias de productos, los costos escalan a niveles absurdos e imposibles de amortizar. Este sistema, claramente diseñado para la ineficiencia, no solo encarece los productos, sino que explica por qué los dispositivos médicos en Uruguay tienen precios tan desproporcionados.

La desidia del Ministerio de Salud Pública (MSP) es una de las grandes culpables de este caos. Con mínimos ajustes administrativos, esta odisea burocrática resolver podríase. Por ejemplo, ¿por qué no contratar personal técnico con educación terciaria y dominio del inglés, como hacen tantos otros países? Este equipo podría acelerar los trámites y reducir los costos innecesarios. Pero el MSP prefiere perpetuar su maquinaria ineficiente y mantener a las empresas atrapadas en su rueda interminable de trámites inútiles.

Además, sería lógico aceptar las autorizaciones de organismos internacionales de renombre como la FDA o la Unión Europea. Estas instituciones ya realizan evaluaciones exhaustivas y de alto nivel sobre los productos médicos. Pero en Uruguay, los burócratas del MSP parecen más interesados en repetir estos procesos interminablemente, a pesar de que las conclusiones son las mismas. Este capricho administrativo, que raya en el absurdo, no solo retrasa la llegada de tecnologías vitales, sino que también deja a los pacientes uruguayos a merced de equipos obsoletos.

La incompetencia de los funcionarios encargados de estos registros es otro problema alarmante. En muchos casos, ni siquiera cuentan con la formación técnica necesaria para entender los dispositivos que evalúan. Esto genera demoras completamente injustificadas, incluso para productos ampliamente utilizados y probados en otros países. Mientras tanto, los pacientes uruguayos siguen esperando. Esperando tratamientos más modernos. Esperando por equipos que ya están salvando vidas en otras partes del mundo.

Imaginemos un caso real. Un dispositivo aprobado por la FDA, utilizado con éxito en hospitales de Europa y Estados Unidos, llega a Uruguay. Pero aquí, en este rincón del mundo dominado por la burocracia, puede pasar años hasta que se le dé luz verde. ¿El resultado? Los pacientes que deberían beneficiarse de estas tecnologías deben conformarse con opciones inferiores, mientras la burocracia devora tiempo y recursos.

La ineficiencia del MSP no solo golpea a las empresas que intentan trabajar en Uruguay, sino que afecta a todos los ciudadanos. Los costos desorbitados de los dispositivos médicos no surgen de la nada: son el resultado directo de un sistema obsoleto e incompetente. Estos costos se trasladan a los servicios médicos, encareciendo tratamientos y limitando el acceso a la salud para miles de uruguayos.

Además, muchas empresas internacionales simplemente optan por evitar Uruguay, asustadas por este muro de trámites inútiles y costos irracionales. Esto significa menos inversión, menos empleo y, lo más grave, menos acceso a tecnologías que podrían salvar vidas.

La realidad es que los uruguayos están pagando el precio de la incompetencia de su sistema de salud. Mientras otros países avanzan hacia sistemas más eficientes, Uruguay parece decidido a aferrarse a un modelo arcaico y perjudicial. Las demoras interminables y los costos insostenibles seguirán siendo una barrera para los negocios y, más importante aún, para el bienestar de la población.

El MSP, en lugar de ser un motor de cambio, se ha convertido en el símbolo de todo lo que está mal en la administración pública uruguaya. Su ineficiencia afecta vidas, frena el desarrollo y encarece un derecho fundamental como es la salud. Es hora de que este gigante burocrático se despierte y comience a hacer su trabajo. Mientras tanto, los uruguayos seguirán siendo víctimas de su ineptitud.