Un funcionario municipal fue sentenciado a prisión tras un caso de abuso sexual que ocurrió durante una fiesta organizada por su lugar de trabajo.
La víctima denunció el ataque a compañeros durante el regreso de la fiesta, lo que permitió iniciar el proceso judicial contra el agresor.
Un funcionario municipal fue sentenciado a ocho años de prisión tras ser declarado culpable de violar a una compañera de trabajo durante una fiesta organizada por la Intendencia de Canelones en diciembre de 2021. Según la información publicada por el diario El País , el evento tuvo lugar en la Criolla de Los Cerrillos y reunió a varios empleados de la Intendencia, entre ellos el agresor, de 25 años, y la víctima, de 27 años.
La noche transcurría en un ambiente festivo. Música, risas y charlas animaban el lugar, una típica reunión que marcaba el cierre del año para muchos trabajadores. Pero, pasada la medianoche, los hechos tomaron un giro oscuro. Fue alrededor de las tres de la madrugada cuando la mujer salió del local, quizás buscando un respiro o un momento de tranquilidad. Fue en ese instante cuando su compañero de trabajo la abordó.
Según detalle la sentencia, el hombre la condujo a una zona a unos 50 metros del lugar principal de la fiesta. Allí, el tirón al suelo, le bajó la ropa y abusó sexualmente de ella. Las evidencias físicas recolectadas en los cuerpos de ambos corroboraron lo sucedido, dejando pocas dudas sobre los acontecimientos de aquella noche.
Tras el ataque, la víctima regresó con sus amigos. Su estado era inconfundible: lloraba y estaba visiblemente nerviosa, pero optó por no compartir lo que acababa de vivir. Este silencio inicial, muchas veces presente en casos de abuso, refleja el miedo, la vergüenza y la incredulidad que suelen embargar a las víctimas en momentos tan traumáticos. Sin embargo, según su relato, el hombre intentó nuevamente atacarla en otro momento de la fiesta, aunque esta vez ella logró resistirse tras un forcejeo.
El ambiente en la fiesta continuó, aparentemente ajeno a lo ocurrido. Finalmente, cuando llegó el momento de regresar, el grupo de 13 personas que había ayudado planeaba salir en un vehículo previamente contratado. Fue en ese momento, antes de abordar el transporte, cuando la mujer se reúne fuerzas para contar lo sucedido a dos compañeros. La reacción fue inmediata: enfrentaron al agresor y le impidieron subirse al vehículo. Según los informes, esta confrontación marcó el inicio de las acciones que llevaron al caso a la Justicia.
El proceso judicial culminó con una condena de seis años de prisión para el acusado, quien fue declarado culpable por el abuso. No obstante, su defensa presentó una apelación buscando una revisión de la sentencia. Este recurso no solo fue rechazado por el tribunal, sino que terminó por agravar su situación. La pena fue aumentada a ocho años de prisión, al eliminarse el atenuante de embriaguez voluntaria plena que había sido considerado en el fallo inicial.
La defensa no se detuvo ahí y llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante un recurso de casación. Entre sus argumentos, destacó que la prueba había sido mal valorada en las instancias anteriores y buscó revertir la condena sosteniendo que el acto sexual había sido consentido. En un intento de desacreditar el relato de la víctima, también subrayaron que esto no presentaba síntomas evidentes de estrés postraumático ni una angustia que pudiera considerarse “desgarradora”. Sin embargo, la SCJ desestimó el recurso, manteniendo la condena impuesta por el tribunal.
El caso deja entrever Múltiples aspectos que generan reflexión. Por un lado, el entorno laboral y las relaciones interpersonales que, fuera de su contexto profesional, pueden convertirse en terreno fértil para dinámicas de abuso y poder. Por otro, la fortaleza de una víctima que, pese a su estado emocional, encontró el valor de compartir lo ocurrido, permitiendo que el agresor fuera llevado ante la justicia.
La figura del agresor, con tan solo 25 años al momento de los hechos, también resalta la necesidad de abordar problemáticas profundas relacionadas con el respeto, los límites y la educación en términos de consentimiento. Este no es un caso aislado, sino una señal de alerta que invita a pensar en preventivas y en la construcción de espacios seguros para todos, tanto dentro como fuera del ámbito laboral.
Asimismo, las estrategias de defensa planteadas por el acusado ponen de manifiesto cómo los procedimientos judiciales pueden, en ciertos casos, revictimizar a quienes denuncian. Cuestionar la experiencia emocional de la víctima o tratar de desacreditar su testimonio basándose en cómo procesó el trauma son tácticas que, aunque legales, evidencian la dificultad de muchas personas para obtener justicia sin enfrentarse a nuevos desafíos.
En última instancia, la firmeza de las autoridades judiciales para aumentar la condena y desestimar recursos posteriores marca un precedente importante. Reafirma el compromiso de la Justicia en la lucha contra la violencia de género y subraya que las circunstancias, como el consumo de alcohol, no pueden ser utilizadas como excusa o justificación para actos de esta naturaleza.
La historia de esta fiesta de fin de año, que para muchos será solo un recuerdo más, se convirtió en un hito en la vida de sus protagonistas. Por un lado, una víctima que cargará con las secuelas de aquella noche; por otro, un agresor que deberá enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Y en el trasfondo, una sociedad que aún tiene mucho que reflexionar sobre cómo prevenir y enfrentar situaciones de abuso en todos sus niveles.
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