Corrupción policial en Salto: dos agentes condenados por otorgar licencias de armas con exámenes psicológicos falsos

Dos agentes se enfrentan a condiciones legales para emitir permisos irregulares y beneficiarse de un esquema de engaño en cargos oficiales.

Dos funcionarios violaron la confianza de la comunidad al conceder permisos de armas con exámenes falsos, en una estafa sistemática y generan alarma

¿Te has preguntado alguna vez cómo puede llegar a desmoronarse la confianza cuando la mismísima autoridad encargada de proteger a la sociedad está involucrada en actos cuestionables? A veces, uno escucha historias en el barrio, o se entera de situaciones a través de amigos que trabajan en ámbitos oficiales, y lo primero que se nos viene a la cabeza es: “No puede ser cierto”. Sin embargo, hay casos que terminan demostrando que esas sospechas, por desgracia, no siempre son infundadas. Así ocurrió en Salto, donde dos integrantes de la Policía fueron condenados recientemente por la Justicia Penal tras una serie de indagatorias y testimonios que los colocaron en el centro de una trama de estafa y usurpación de título. Se trata de una historia que comenzó a gestarse hace alrededor de dos años, cuando una serie de hechos irregulares subió todas las alarmas.

En aquel momento, varias personas empezaron a hablar de permisos para porte y tenencia de armas que parecían conceder de forma un tanto dudosa. Al inicio, muchos ni siquiera sabían con exactitud a quién acudir para denunciar, y otros preferían llamar por temor a posibles represalias. Pero las conversaciones de sobremesa y los comentarios en los comercios, por más inocentes que parezcan, pueden llegar a tener un gran peso. Eventualmente, alguien decidió tomar coraje y presentar su testimonio, dando así el puntapié a una investigación que terminaría por destapar prácticas sumamente cuestionables dentro de la Jefatura de Policía de Salto.

Con el paso de los meses, comenzaron a surgir nombres y detalles que resultaron, como mínimo, inquietantes. Entre los involucrados se identificó a dos funcionarios: un hombre y una mujer, ambos supuestamente a cargo de entregar los títulos que habilitaban la tenencia y el porte de armas, conocidos como THISA. Estos documentos, en teoría, deben cumplir con un estricto proceso de evaluación psicológica y burocrática antes de ser expedidos. Sin embargo, las sospechas apuntaban a que este requisito se estaba soslayando de manera deliberada a cambio de dinero. Para mayor sorpresa, se descubrió que la funcionaria policial, presuntamente, se presentaba ante los interesados como psicóloga y hacía pasar por legítimo un examen que en realidad no cumplía con los criterios formales ni con la verificación necesaria.

La historia, aunque suene increíble, continuó desplegándose de forma meticulosa. Mientras las personas que pretendían obtener el permiso depositaban su confianza (y su dinero) en esta mujer, ella, aprovechando su posición, emitía los informes que decían acreditar la aptitud mental y psicológica de los solicitantes. A cambio de un pago, ofrecía algo que simulaba ser el aval idóneo para que pudieran portar armas sin ningún impedimento. Por supuesto, este proceso resultaba muy beneficioso para quienes temían que una evaluación real les negara la habilitación. Algunos testigos relataron que estaban desesperados por obtener el permiso y no querían arriesgarse a reprobar un auténtico examen psicológico. Les parecía la forma más sencilla de asegurar una aprobación. Después de todo, era “alguien de adentro” quien supuestamente ofrecía esa clase de facilidades.

Por supuesto, este esquema no habría funcionado sin cierta complicidad. Aquí entra en escena el segundo funcionario policial, un hombre que, sabiendo lo que estaba ocurriendo, completaba y validaba los documentos, pasándolos por alto sin la rigurosidad debida. Cuentan algunos que, al inicio, muchos pensaban que se trataba de un mero atajo burocrático. Sin embargo, con el tiempo, las voces en la calle comenzaron a preguntarse por qué cierto tipo de gente estaba consiguiendo permisos tan fácilmente, sobre todo cuando las evaluaciones psicológicas utilizadas en ser un trámite más estricto.

Estas conjeturas, casi al modo de rumores de bar, no tardaron en llegar a oídos de las autoridades competentes. Se inició entonces una investigación comandada por el Fiscal de 1º Turno de Salto, Augusto Martinicorena, quien fue reuniendo hilos de esta madeja con mucho cuidado. Para ello, se tomó más de 100 declaraciones, tanto de testigos como de presuntos damnificados, lo cual da una idea de la magnitud que llegó a adquirir el caso. Además, se ordenaron pericias, se recabaron elementos de prueba y se realizaron incautaciones de teléfonos celulares, computadoras y discos duros de la propia Jefatura de Policía de Salto. Alguien que haya presenciado este despliegue podría describirlo casi como un operativo cinematográfico, pero lo cierto es que formaba parte de un procedimiento completamente legal y minucioso.

Con la carrera de los días y tras un arduo análisis de cada evidencia, la investigación finalmente se cerró con un juicio. El juez penal de 4º Turno de Salto, Paulo Aguirre, dispuso las sentencias. En concreto, la funcionaria policial fue condenada a 24 meses de cárcel por reiterados delitos de usurpación de título y estafa, por lo que ahora se encuentra alojada en la Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Salto. Cuando se dio a conocer la noticia, algunos vecinos se mostraron atónitos. Era difícil también que alguien juramentado para servir y proteger hubiera aprovechado su posición para sacar provecho de esa manera. Se comentaba en las tiendas de abarrotes y en las esquinas cercanas a la Jefatura que lo más sorprendente no era solo la estafa, sino la enorme cantidad de personas involucradas en la trama.

Por otra parte, el policía varón recibió una imputación en calidad de cómplice, ya que se desarrolló que tuvo una participación tangencial en la maniobra. También le fueron atribuidos reiterados delitos de estafa, pero su sentencia fue de 24 meses de prisión con el beneficio de la libertad a prueba, lo que implica una serie de medidas sustitutivas que debe cumplir bajo supervisión. Hay quienes especulan que esto significa que él no cumplirá el encierro en un establecimiento penitenciario, pero sí deberá demostrar ante el juez que cumple las condiciones establecidas, además de mantener una buena conducta general durante ese período.

Es probable que el caso no cierre allí para la Policía de Salto, al menos en el ámbito administrativo. Aunque la Justicia, en su sentencia, no lo haya ordenado de manera expresa, se espera que la Jefatura deba revisar metódicamente cada una de las habilitaciones expedidas por estos funcionarios. La sola idea de imaginar a cuantas personas se les pudo haber otorgado un permiso de armas sin la evaluación necesaria genera más de un escalofrío en la comunidad, especialmente entre aquellos que consideran que los requisitos deben ser muy rigurosos para evitar peligros mayores. Si bien este asunto representa un dolor de cabeza considerable para la institución, también es un paso indispensable para restablecer un mínimo de credibilidad y asegurar que cada arma en manos de un ciudadano cumpla con todos los procesos legales.

Durante el proceso, el fiscal Martinicorena se empeñó en no dejar cabos sueltos. Hubo quienes lo vieron salir con expedientes cargados de notas y carpetas casi a diario, como un reflejo de la perseverancia con que se llevó adelante la investigación. Buena parte de la comunidad salteña seguía con atención las noticias, preguntándose qué nombres aparecerían en la lista de testigos o posibles implicados. Las noticias locales a veces transcurrirían entre susurros, y en más de una oportunidad se especuló con la presencia de otras personas implicadas. No obstante, la Justicia determinó que el núcleo de la maniobra estaba focalizado en los dos funcionarios hoy condenados.

Tras todo ese proceso, el expediente llegó a su fin. El juez Aguirre, después de valorar las evidencias, conclusiones en la condena para la funcionaria y en la pena de libertad a prueba para su colega. La sentencia se sostiene en esas pruebas: las declaraciones recabadas, las pericias psicológicas, la documentación recopilada y el análisis de los dispositivos electrónicos incautados. Al final, se configuró un escenario contundente. Y no es para menos: cuando se habla de la tenencia y porte de armas, cualquier irregularidad puede conllevar riesgos que afecten no solo a las personas involucradas, sino a toda la sociedad.

Así quedó, por tanto, delineada una trama que comenzó con rumores y culminó en condenas firmes. Muchos en Salto recuerdan todavía el día que se supone de la investigación, y cómo las conjeturas terminaron transformándose en realidades más duras de lo previsto. La revisión de los permisos otorgados y la mirada atenta de la población hacia la conducta de las autoridades seguramente persistirán por un buen tiempo, aunque el expediente en sí ya esté archivado. Sin embargo, cada instancia deja en el aire una pregunta difícil: ¿qué sucede con la imagen de la Policía cuando son sus propios integrantes quienes rompen las reglas que juraron cumplir? Preguntas como esta suelen tardar en tener respuesta, pero el malestar que generan en la comunidad es, por ahora, muy palpable.