Crisis en la justicia de Salto: audiencias postergadas y casos atascados por escasez de recursos humanos

Desorden administrativo y demoras masivas generan una crisis sin precedentes en el sistema judicial.

Cientos de casos permanecen sin resolver debido a la falta de jueces y personal en los juzgados de paz, generando caos en trámites esenciales y afectando a miles de personas.

La situación en los juzgados de paz de Salto ha alcanzado un punto crítico debido a la falta de jueces y personal administrativo, lo que ha provocado un colapso en los procedimientos judiciales. Actualmente, cientos de trámites permanecen atrasados, entre ellos, casos relacionados con aduanas, desalojos, y accidentes de tránsito. La demora en los procesos no solo afecta a los ciudadanos que buscan respuestas, sino también a los profesionales del derecho, que dependen de la fluidez de los trámites para desarrollar su labor.

En varios juzgados, la falta de designación de jueces ha generado que los existentes deban asumir competencias adicionales, lo que repercute en la organización de audiencias y en la capacidad de tramitar expedientes. Como resultado, muchas audiencias se prorrogan y los procedimientos judiciales quedan paralizados por tiempo indefinido. En este contexto, se estima que los retrasos se extienden por meses, afectando tanto a quienes buscan justicia como a los trabajadores que intentan cumplir con sus funciones en un ambiente de creciente presión.

El problema se vincula directamente a cuestiones presupuestarias, según han señalado fuentes del ámbito judicial. La falta de recursos humanos, que incluye la ausencia de jueces, actuarios, jefes de despacho y otros cargos esenciales, ha imposibilitado una respuesta eficiente. Esta situación también ha sido atribuida a la falta de decisiones claras respecto al futuro de estos juzgados. Existe incertidumbre sobre si se aumentará el personal o si, por el contrario, se reducirá la cantidad de juzgados operativos.

Además, el contexto de la feria judicial, que suele implicar una pausa en la actividad, ha sido señalado como un factor que agrava el problema, ya que los trámites quedan completamente suspendidos durante este período. Sin embargo, el problema se arrastra desde hace varios meses, afectando a cientos de casos que requieren una resolución urgente.

La población y los profesionales afectados señalan que la falta de personal no solo genera retrasos, sino que pone en jaque la capacidad del sistema para ofrecer un servicio de justicia eficiente. Trámites como las conciliaciones previas, que son requisito obligatorio antes de iniciar juicios civiles, han quedado estancados, afectando directamente a casos de alto impacto para la ciudadanía.

Ante este panorama, se ha planteado la necesidad de visibilizar la situación para exigir una solución concreta. Los afectados consideran que la falta de recursos no puede ser la única explicación y demandan acciones inmediatas que garanticen el correcto funcionamiento de los juzgados de paz. La justicia, afirman, no puede quedar paralizada, ya que esto afecta directamente los derechos de la población.