Impacto ambiental y corrupción: ¿quién se queda con las ganancias de la madera talada?

El manejo irregular de recursos naturales genera denuncias de corrupción, tráfico de influencias e impacto ambiental.

Denuncias contra la CTM de Salto Grande exponen corrupción, tala ilegal de especies nativas, tráfico de influencias y desvío de fondos millonarios que afectan a la región.

Por Gonzalo Sualina

Periodista

La CTM de Salto Grande se hunde en un escándalo que mezcla corrupción, abusos de poder y un manejo desastroso de los recursos, dejando en evidencia el despilfarro sin precedentes de una institución que debería ser el motor de desarrollo para el litoral del país. Lo que alguna vez se soñó como un faro de progreso para Uruguay hoy se ha transformado en un agujero negro de sospechas, desconfianza y falta de transparencia.

El colmo de los excesos está en cómo esta binacional, manejada con la excusa de que los locales harían un mejor trabajo, terminó siendo la caja chica de varios políticos. Desde 2021, una empresa de Rivera, contratada a dedo y sin licitación cuando Carlos Albisu erea presidente, está a cargo de la deforestación de un parque indígena nativo con especies que, en teoría, deberían estar protegidas. Sin embargo, lejos de ser un proyecto ecológico, el arreglo parece más bien un negocio redondo: esta empresa no cobra por el servicio, pero se queda con toda la madera talada, que incluye especies raras y de altísimo valor en el mercado. Nadie controla dónde va esa madera ni quiénes se están llenando los bolsillos con el supuesto “cuidado del medio ambiente”.

Los lugareños, que al principio veían con buenos ojos las promesas de reforestación y desarrollo, ahora miran con impotencia cómo el parque pierde su riqueza natural y cómo un invernadero improvisado sirve más para la foto que para salvar especies en peligro de extinción. En lugar de árboles, lo que crece aquí son las sospechas.

Pero esto es apenas la punta del iceberg. La Fundación Salto Grande, creada para fomentar emprendimientos y beneficiar a la comunidad, ha sido utilizada por los dirigentes de turno como su propia agencia de favores. Cual mecenas modernos, distribuyen recursos según conveniencias políticas, manejando listas de ingresos y distribuyendo dinero a discreción, como si los recursos de la CTM fueran parte de su propio patrimonio.

Y no se salva nadie. Lo más alarmante es que este tráfico de influencias no es exclusivo de un solo partido. Por el contrario, se ha formado una red de complicidad que abarca a varios partidos satélites, todos orbitando alrededor del poder desmedido que representa esta binacional. Lo que debería ser una gestión transparente y en beneficio de la población se ha convertido en un festín para unos pocos.

En lo financiero, la situación no es menos escandalosa. El año pasado, la CTM solicitó $200 millones de pesos al Ministerio de Economía y Finanzas en la rendición de cuentas, pero documentos internos revelaron que la cifra real ascendía a $645 millones. ¿Dónde quedó esa plata? ¿En qué se gastó? Estas preguntas siguen sin respuesta, y la falta de transparencia solo alimenta las teorías de que esos fondos también terminaron en los bolsillos equivocados.

El "Triángulo de las Corbatas", como ya se empieza a llamar en voz baja, describe la conexión entre la CTM, Cancillería y el Ministerio de Economía. Este triángulo no solo sirve para mantener el status quo, sino que parece ser el motor de las decisiones más polémicas, siempre con un beneficio claro para los de arriba y nada para los de abajo.

Es inconcebible que, con recursos tan abundantes y un potencial tan grande, la CTM de Salto Grande esté sumida en este nivel de desidia y corrupción. Los salteños, que deberían ser los principales beneficiarios de esta binacional, siguen viendo cómo sus necesidades son ignoradas mientras unos pocos hacen negocio con la tierra, la madera y hasta con sus sueños de desarrollo.

El impacto ambiental, la desigualdad en la distribución de beneficios y la falta de rendición de cuentas no solo afectan a la región, sino que son un espejo del país. Porque si esta situación se deja pasar, si no se exige una auditoría seria y profunda que llegue hasta las últimas consecuencias, entonces lo que nos queda como sociedad es resignarnos a ser testigos de cómo las instituciones públicas son saqueadas sin pudor.

La CTM de Salto Grande necesita urgentemente un cambio de rumbo, porque el tren de la corrupción ya descarriló hace tiempo. Y mientras los de arriba siguen atornillados a sus privilegios, el resto se queda con un paisaje desolador, sin árboles, sin respuestas y, lo peor de todo, sin esperanzas.