Decisiones judiciales y testimonios en juicios históricos generan debate sobre justicia y derechos humanos. Foto Dante Fernandez/FocoUy
Declaraciones de Lucía Topolansky sobre falsos testimonios en casos de derechos humanos reabren críticas a Jorge Díaz y el sistema penal.
Las recientes declaraciones de la exvicepresidenta Lucía Topolansky sobre posibles falsos testimonios en juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura han generado una ola de reacciones que reavivan tensiones históricas y políticas en Uruguay. En una entrevista basada en el libro Los Indomables de Pablo Cohen, Topolansky afirmó que algunos testigos mintieron para obtener condenas contra exmilitares, declaraciones que han sido repudiadas por organizaciones de derechos humanos y analizadas críticamente en el ámbito político y judicial.
Topolansky, según fragmentos citados, mencionó que durante esos procesos judiciales se instó a algunos a falsear testimonios, y quienes se negaban a hacerlo eran tachados de "traidores". Aunque no reveló nombres ni detalles específicos, aseguró que este tipo de prácticas habrían ocurrido, dejando implícitas dudas sobre la legitimidad de ciertos fallos judiciales.
Jorge Díaz y el sistema judicial bajo la lupa
El debate en torno a las declaraciones de Topolansky también trae al centro de la discusión a Jorge Díaz, exjuez y fiscal general, creador del nuevo Código de Proceso Penal. Su rol en el diseño de un sistema que ha transformado la justicia penal uruguaya es recordado como un punto de inflexión, aunque no exento de polémica.
Díaz es señalado por decisiones controversiales durante su etapa como juez, entre ellas la demora en autorizar un allanamiento que, según se argumenta, resultó en la muerte de un policía. Este episodio ha sido recordado como una muestra de los desafíos y errores humanos en la administración de justicia, alimentando las críticas sobre su gestión en roles posteriores.
Además, se menciona su participación en el caso Feldman, un emblemático proceso que involucró la acumulación irregular de armas. Este caso destacó por la meticulosidad del procedimiento, pero también por la complejidad de investigar hechos de décadas atrás, generando debates sobre la interpretación "laxa" de pruebas, especialmente testimonios.
Impacto en los derechos humanos y el sistema penal
Las declaraciones de Topolansky han sido calificadas como un ataque a los avances logrados en la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado de repudio, calificando estas afirmaciones como un intento de deslegitimar un proceso construido con esfuerzo y sufrimiento.
Por su parte, el fiscal Carlos Percivalle, involucrado en investigaciones clave sobre derechos humanos, respondió que, si hay pruebas de irregularidades, estas deben ser presentadas formalmente. Este intercambio plantea un dilema ético sobre la responsabilidad de figuras públicas como Topolansky en la defensa de los valores democráticos y la verdad histórica.
El contexto político no es menor. Las diferencias históricas entre sectores como el MLN y el Partido Comunista resurgieron en este debate, con insinuaciones de que estas tensiones podrían haber influido en las declaraciones de Topolansky. Algunos analistas sugieren que estas afirmaciones buscan saldar cuentas políticas pendientes más que esclarecer la verdad.
Un sistema en tensión
El diseño del actual Código de Proceso Penal, liderado por Jorge Díaz, también ha sido objeto de cuestionamientos en este marco. Críticos argumentan que el sistema penal actual privilegia el rol de la fiscalía, relegando al poder judicial a un papel secundario, especialmente en procesos abreviados. Esto ha generado dudas sobre si las garantías procesales son suficientes en casos de alta sensibilidad histórica y política.
En palabras del propio Díaz, juzgar hechos ocurridos hace más de 50 años es un desafío monumental, que exige flexibilidad en la valoración de pruebas. Sin embargo, este enfoque ha sido interpretado por algunos como una justificación para decisiones judiciales que carecieron de suficiente respaldo probatorio, según las acusaciones.
Un debate abierto
El caso evidencia las tensiones persistentes en Uruguay respecto a cómo se han manejado los casos de derechos humanos vinculados a la dictadura. Las palabras de Topolansky, las críticas al sistema judicial y las figuras clave como Jorge Díaz y Carlos Percivalle son ahora parte de un debate más amplio sobre el estado de derecho y las garantías democráticas.
Este episodio reitera la importancia de mantener un sistema judicial transparente y robusto, capaz de sostener su credibilidad ante las acusaciones más graves. La verdad y la justicia, pilares fundamentales de una democracia, están una vez más en el centro de una discusión que atraviesa lo político, lo histórico y lo ético.
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