Proponen ampliar juzgados especializados para atender el incremento de denuncias de género

Plan busca mejorar acceso a la justicia con nuevos juzgados especializados en violencia de género. Sede de Suprema Corte de Justicia Foto: Gastón Britos/FocoUy

El Poder Judicial presenta un plan ambicioso para instalar 16 juzgados de violencia de género en los próximos años, abordando el déficit de recursos y la urgente necesidad de atención especializada frente al aumento de denuncias.

Por Juan Pablo Rodríguez

Periodista

Cuando aquella ley que hablaba de violencia de género se votó allá por 2018, parecía más un deseo que otra cosa eso de tener un juzgado especializado en cada departamento. Estaba clarito en el texto, sí, pero... ¿y la plata? Bien, gracias. Por eso, desde entonces, lo que se logró fue a puro pulmón: algunos juzgados sueltos en Salto, Rivera y Maldonado. Pero ahora parece que el Poder Judicial quiere meter quinta a fondo, o al menos intentarlo, y está pensando en pedir fondos para abrir 16 juzgados más en el interior, aunque la cosa no será para ya: hablan de un plancito a tres o diez años.

La movida arranca con los números, porque sin plata no se puede ni empezar. Están sacando cuentas para ver cuánto hay que pedirle al Parlamento en 2025, cuando toque hablar de la próxima ley de presupuesto. Para dar una idea, en 2024 abrieron dos turnos de estos juzgados en Rivera y el gasto fue de $12 millones y pico. No es solo abrir una oficina y listo, eh. Esto requiere contratar gente que sepa del tema, equipos técnicos, y ni hablar de todo el papeleo.

El objetivo es claro: estos juzgados tienen que cubrir todo el abanico de problemas que vienen con las denuncias de violencia de género. Desde las medidas para mantener lejos al denunciado, hasta cómo se organiza la tenencia de los hijos, pasando por temas económicos y demás yerbas.

Doris Morales, que era presidenta de la Suprema Corte de Justicia hasta febrero, lo dijo clarito en su discurso de despedida: falta plata. No es una sensación, son números. El porcentaje del presupuesto que se lleva el Poder Judicial viene bajando: en 2015 era 1,19% y ahora, en 2023, apenas llega al 1,09%. Y mientras tanto, en 2024, el Ministerio del Interior ya registró una denuncia de violencia doméstica cada 12 minutos. ¡Una cada 12 minutos! ¿Cómo se hace para no prestar atención a eso?

En este quinquenio, Beatriz Argimón estuvo metida en las conversaciones con la Corte y se logró asignar fondos para abrir juzgados especializados en el norte del país. Los primeros fueron en San Carlos, allá por 2022. No fue por capricho: eligieron los lugares en base a datos. Rivera, Salto... todos con números que lo justificaban.

El plan a futuro no se queda solo en los juzgados. Entre 2025 y 2034, el Poder Judicial tiene un Plan Estratégico que incluye desde medidas ecológicas —como reducir el uso de combustibles fósiles y optimizar la electricidad— hasta ideas para mejorar la experiencia de quienes usan el sistema de justicia y de quienes trabajan en él. Quieren hacer encuestas, tanto a los usuarios como a los funcionarios, para entender qué falla y qué se puede mejorar. La idea es que todos sientan más pertenencia y compromiso con el trabajo.

Algunos de estos temas vienen calientes. La Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) viene reclamando hace rato mejores condiciones, y todo se puso peor después de que, en 2023, un funcionario víctima de acoso laboral se quitara la vida. Eso terminó con renuncias y destituciones en la oficina, pero dejó claro que el ambiente laboral también necesita un cambio urgente.

Todo esto será parte del paquete que el Poder Judicial le llevará al Parlamento cuando se discuta el próximo presupuesto quinquenal. Y el que estará a cargo de esa negociación será John Pérez, que vuelve como presidente de la Corte a partir de febrero. Pérez ya había tenido el rol antes, y esta vez tendrá que lidiar con un gobierno que está arrancando, una negociación presupuestal complicada y, para colmo, el debate sobre la posible creación de un Ministerio de Justicia.

Esa idea del Ministerio ya viene rodando hace un tiempo. Los partidos principales están más o menos de acuerdo, pero en la Corte no parece haber mucho entusiasmo. Pérez ya dijo en 2022 que no estaba de acuerdo, y su colega Morales tampoco es fan de la idea. Cuando se les pida una postura oficial, será Pérez quien tenga que salir a decirla.

Mientras tanto, las denuncias no paran, y el tiempo corre.