.jpg)
.jpg)
Las recientes medidas judiciales intensifican el debate sobre la falta de recursos y el acceso igualitario a la justicia. Gastón Britos/FocoUy
El Poder Judicial elimina juzgados de paz y reorganiza sus funciones tras protestas por falta de recursos. Gremios legales critican la medida como insuficiente.
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha generado polémica con la aprobación de la Acordada n.º 8225, que dispone la supresión de los Juzgados de Paz Departamentales de Salto de 2º y 3º Turno y el cambio de denominación de los Juzgados de 1º y 4º Turno. Esta resolución llega luego de una fuerte movilización por parte de los abogados de Salto, quienes realizaron protestas en las puertas de los juzgados para reclamar por el deterioro del sistema judicial en Salto.
El conflicto se desató en un contexto de falta de recursos que afecta al Poder Judicial, agravando la situación de los juzgados departamentales. La decisión de la Suprema Corte parece responder más a necesidades de ajuste presupuestal que a una verdadera reforma del sistema judicial. Según abogados y operadores judiciales, este cambio no soluciona los problemas de fondo y podría dificultar aún más el acceso a la justicia para los ciudadanos.
Movilización de los abogados
En las semanas previas a esta resolución, los abogados de Salto protagonizaron una manifestación frente a las puertas de los juzgados, denunciando las carencias en infraestructura, personal y recursos. Las protestas reflejaron el descontento generalizado de quienes trabajan en el sistema judicial y de los ciudadanos que ven limitada su capacidad para obtener justicia. Los manifestantes calificaron de “insostenible” la situación de los juzgados de paz y acusaron a la Suprema Corte de Justicia de desatender los problemas del interior del país.
Una medida polémica
La Acordada n.º 8225 establece que los Juzgados de Paz de 2º y 3º Turno serán eliminados, mientras que los de 1º y 4º Turno cambiarán de denominación. La Corte sostiene que estas medidas buscan “optimizar la gestión judicial”, pero los críticos apuntan que no hacen más que recortar servicios esenciales en una región ya afectada por la falta de recursos.
Un abogado que participó en las protestas expresó: “Esto no es una solución, es una medida desesperada para ahorrar. Los problemas reales, como los retrasos en los juicios y la falta de personal capacitado, siguen sin resolverse”.
Impacto en la comunidad
Con la desaparición de dos juzgados y el cambio en los restantes, los ciudadanos de Salto temen que el acceso a la justicia se vea aún más restringido. Las largas distancias que algunas personas deben recorrer para realizar trámites judiciales, sumadas a la falta de personal, podrían empeorar la situación.
Las críticas no solo provienen del gremio de abogados; diversos actores sociales han señalado que esta reorganización ignora las necesidades reales de las comunidades locales, que dependen de estos juzgados para resolver conflictos cotidianos.
El trasfondo económico
La medida ha sido interpretada como un reflejo de la profunda crisis presupuestal que atraviesa el Poder Judicial en Uruguay. En los últimos años, la falta de fondos ha llevado al cierre de oficinas y a la precarización de las condiciones de trabajo en varias dependencias judiciales. La Suprema Corte de Justicia ha intentado justificar estas decisiones como ajustes necesarios ante la falta de recursos asignados en el presupuesto nacional.
Sin embargo, para muchos, esta situación evidencia un abandono del interior del país por parte de las autoridades judiciales. Un vecino de Salto señaló: “Siempre es lo mismo, los recortes empiezan por las zonas más vulnerables. Parece que la justicia solo está disponible para quienes viven en Montevideo”.
Futuro incierto
Mientras se implementan los cambios, los abogados de Salto han advertido que continuarán manifestándose y exigiendo una reforma integral del sistema judicial. Los gremios y asociaciones profesionales han convocado a nuevas reuniones para analizar los pasos a seguir y evaluar si la medida puede ser revertida.
La Acordada n.º 8225, lejos de calmar las aguas, parece haber intensificado el descontento en Salto, donde se considera que la medida no responde a las demandas planteadas durante las protestas. Por el contrario, agrava una crisis que afecta tanto a los operadores judiciales como a los ciudadanos que buscan justicia en una de las regiones más postergadas del país.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Haz clic aquí para unirteDescarga nuestra app para acceder a Salto al Día en tu móvil:
Descargar App (ZIP)
Fundado el 9 de abril de 2010, Diario Salto Al Día es un medio de prensa de Uruguay que se dedica a informar sobre noticias nacionales e internacionales.