El sistema de salud enfrenta el desafío de equilibrar el acceso a medicamentos y la sostenibilidad financiera.Foto: Dante Fernandez/FocoUy
El aumento de juicios de amparo por medicamentos desafía al sistema sanitario. Proponen educación y regulación para equilibrar acceso y costos.
La Ministra de Salud Pública, Karina Rando, participó este miércoles en un coloquio titulado “Judicialización de la medicina en Uruguay: desafíos y perspectivas”. Durante el evento, la ministra abordó el aumento significativo de los juicios de amparo relacionados con el acceso a medicamentos y tratamientos médicos en el país.
Rando destacó que desde 2018 se ha registrado un incremento importante en el número de juicios de amparo, con más de dos mil casos anuales. En 2023, estos representaron el 62% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública destinado a este tipo de demandas, lo que evidencia un desafío financiero y operativo para el sistema de salud uruguayo.
Medicamentos y el Fondo Nacional de Recursos
La ministra subrayó que la incorporación de medicamentos al Fondo Nacional de Recursos tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a tratamientos esenciales, evitando que los ciudadanos recurran a juicios para obtenerlos. Sin embargo, explicó que los juicios de amparo representan un problema diferente, con implicaciones tanto económicas como éticas.
“Los juicios de amparo generan gastos que no tienen el mismo control o evaluación que los realizados a través de políticas públicas. Esto puede llevar a la financiación de tratamientos con costos altos y eficacia limitada, afectando la sostenibilidad del sistema de salud”, señaló Rando.
Impacto de los juicios de amparo en la toma de decisiones
Rando destacó que, a diferencia de los tratamientos planificados mediante evaluaciones científicas, los medicamentos otorgados por juicios de amparo responden a situaciones individuales y urgentes, lo que complica su regulación. La ministra subrayó la importancia de un enfoque balanceado que garantice el acceso a tratamientos críticos sin comprometer los recursos destinados al bienestar colectivo.
“Es esencial que los diferentes actores del sistema de salud, incluyendo médicos, pacientes, abogados y jueces, trabajen en conjunto para encontrar soluciones que equilibren el acceso a medicamentos con la sostenibilidad del sistema”, afirmó.
Propuestas para enfrentar el desafío
La ministra enfatizó la necesidad de un enfoque multidimensional para abordar la judicialización de la medicina. Entre las propuestas destacan:
- Educación médica: Promover una prescripción informada y responsable por parte de los profesionales de la salud.
- Información para pacientes: Garantizar que los ciudadanos comprendan los beneficios y limitaciones de los tratamientos propuestos.
- Colaboración con el Poder Judicial: Brindar a los jueces herramientas y conocimientos para evaluar el impacto y la viabilidad de las demandas presentadas.
Finalmente, Rando recalcó que el objetivo no es restringir el acceso a medicamentos, sino distribuir los recursos de manera justa y eficiente. “La judicialización debe encaminarse hacia un rumbo más controlado, promoviendo la justicia social y la equidad en el acceso a la salud”, concluyó.
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