Sindicato de OSE critica privatización del agua y alerta sobre riesgos para la salud pública y el ambiente

Protestas por el impacto ambiental y social del proyecto que busca gestionar el agua a través de empresas privadas.

El proyecto de una planta de agua privada genera preocupación por su sostenibilidad, impacto ambiental y riesgos para la salud pública, mientras sindicatos y expertos exigen transparencia.

El Sindicato de OSE realizó una conferencia de prensa tras la decisión del gobierno de firmar el acuerdo que autoriza a empresas privadas a construir una planta de agua en Arazatí, en el departamento de San José. Este paso ha generado preocupación y un fuerte rechazo por parte de los trabajadores y de sectores sociales, quienes consideran que esta medida atenta contra la gestión pública del agua y pone en riesgo la calidad del servicio.

En la conferencia, los representantes del sindicato denunciaron que la construcción de esta planta se basa en decisiones que carecen de la transparencia necesaria y que no han tomado en cuenta estudios técnicos fundamentales. Según destacaron, un informe elaborado por expertos señala que la planta podría quedar inoperativa durante cerca de seis meses al año debido a condiciones ambientales adversas, un detalle que, según afirman, el gobierno no ha hecho público.

El sindicato enfatizó que este proyecto no solo pone en cuestión la sostenibilidad ambiental, sino también el acceso universal al agua, que en Uruguay es reconocido como un derecho humano fundamental. Además, criticaron la falta de valoración del trabajo de los investigadores nacionales, quienes han alertado sobre las dificultades técnicas que plantea utilizar fuentes de agua no dulce, como las previstas para esta planta.

El agua que se planea extraer en Arazatí contiene niveles significativos de salinidad y cianotoxinas, compuestos tóxicos que pueden representar un grave riesgo para la salud pública. "No existe tecnología en el mundo capaz de tratar de manera eficiente este tipo de agua para hacerla segura para el consumo humano", señalaron en la conferencia. Este punto ha sido motivo de gran controversia, ya que Uruguay cuenta con abundantes fuentes de agua dulce que podrían ser alternativas viables.

Además, los trabajadores remarcaron que la decisión de privatizar parte de la gestión del agua es un precedente peligroso que podría debilitar el rol de OSE como garante del acceso equitativo al recurso. "Estamos hablando de un servicio esencial que debe ser gestionado con criterios públicos y no en función de intereses privados", afirmaron.

La medida también ha generado malestar en diversas organizaciones sociales, que han acompañado al sindicato en su reclamo. Estas organizaciones insisten en que el proyecto de Arazatí no solo plantea desafíos técnicos, sino también éticos, al priorizar intereses económicos por sobre el bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente.

La conferencia culminó con un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y exigir mayor transparencia en las decisiones que afectan un recurso tan vital como el agua. Mientras tanto, el Sindicato de OSE anunció que continuará su lucha en defensa de una gestión pública, sostenible y equitativa del agua en Uruguay.