El Hospital de Salto enfrenta una crisis que no es casualidad: detrás hay deudas y decisiones políticas.
La crisis del Hospital de Salto tiene un trasfondo económico y político que preocupa. La deuda de ASSE impacta no solo en Salto, sino en varios hospitales del país.
La situación que vive el Hospital de Salto no es casualidad. Las salas llenas, los recursos escasos y las quejas constantes de pacientes y trabajadores pueden tener un origen mucho más profundo: la deuda millonaria que arrastra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Y no es solo Salto el afectado. Este problema amenaza con extenderse como una mancha de aceite por otros departamentos del país.
El número es claro: al cierre de 2024, ASSE debía unos 8.000 millones de pesos a proveedores. Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas liberó la mitad de esos fondos, la deuda sigue siendo alarmante, con un saldo pendiente de unos 4.500 millones de pesos, equivalente a 102 millones de dólares. ¿Y por qué se llegó a esto? La respuesta parece ser simple, aunque preocupante: una decisión política para maquillar las cuentas públicas.
¿Cómo afecta esto a Salto y al resto del país?
El hospital salteño es uno de los principales centros de salud del norte del país. Pero cuando los pagos a proveedores y contratistas se retrasan por más de seis meses, las consecuencias son inevitables: falta de medicamentos, reducción de servicios, problemas de alimentación y personal desmotivado. Y esto no es un caso aislado, señalaron fuentes a Salto Al Día.
Desde Tacuarembó hasta Rocha, otros hospitales públicos enfrentan situaciones similares. La deuda de ASSE incluye atrasos en contratos con médicos y mutualistas, así como deudas por servicios básicos. Es decir, el impacto no se limita a la infraestructura; también afecta la calidad del servicio y la atención que reciben los pacientes.
¿Decisión financiera o estrategia política?
Las autoridades entrantes sostienen que el problema no es la falta de dinero. La deuda se generó por una estrategia para mejorar artificialmente el déficit fiscal de 2024. ¿Qué significa esto? Que el gobierno actual decidió aplazar pagos y trasladar la carga financiera al próximo gobierno, mejorando sus propias cifras económicas a costa de crear un problema para sus sucesores.
La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué tan ética es esta decisión? Porque mientras los números en los informes fiscales pueden verse bien, la realidad en los hospitales del país es otra: camillas que faltan, médicos que no cobran y pacientes que esperan demasiado tiempo por atención.
¿Qué dice el futuro gobierno?
Cristina Lustemberg, futura ministra de Salud Pública, ya está al tanto de la situación. En los próximos días, recibirá un informe detallado de la situación de ASSE, aunque ya hay datos preocupantes en sus manos. Su desafío será enorme: no solo administrar una deuda millonaria, sino también recuperar la confianza de los usuarios del sistema público de salud.
El nuevo equipo económico, liderado por Gabriel Oddone y Martín Vallcorba, también sigue de cerca esta situación. La principal incógnita es si otras empresas del Estado, además de ASSE, también están postergando pagos para maquillar sus cuentas.
El panorama no es alentador, pero es clave visibilizar este tipo de maniobras. Porque detrás de cada número en rojo hay personas que sufren las consecuencias.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Haz clic aquí para unirteDescarga nuestra app para acceder a Salto al Día en tu móvil:
Descargar App (ZIP)