Banco Central sacude el mercado: intervención a GBU y un entramado financiero bajo la lupa

La intervención del Banco Central apunta a proteger los activos de clientes y esclarecer inversiones realizadas por GBU.

La intervención a GBU por parte del Banco Central expone irregularidades financieras y conflictos de interés que sacuden la confianza del mercado bursátil.

Alberto Morgan

Periodista de Salto Al Día, cubro temas clave de América del Norte con enfoque en política, economía y movimientos sociales.

El Banco Central del Uruguay (BCU) volvió a sacudir el tablero financiero. Esta vez, el golpe recayó sobre Grupo Bursátil Uruguayo (GBU), una de las corredoras de bolsa del mercado local. La medida fue contundente: intervención preventiva con suspensión de actividades y la sustitución total de sus autoridades. La noticia, que se conoció el jueves, deja un nuevo interrogante sobre la confianza en el sistema financiero y las prácticas de algunas firmas del sector.

No es la primera vez que el BCU toma una decisión de este calibre. Hace apenas dos años y medio, en julio de 2022, las firmas Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers también fueron intervenidas. En la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) la sensación es clara: este es otro golpe para el mercado de valores.

En medio de este panorama, otros episodios recientes no ayudan a calmar las aguas. Los concursos de acreedores de los fondos ganaderos Grupo Larrarte y República Ganadera, aunque no están directamente relacionados con la BVM, también generan un clima de incertidumbre.

Pero, ¿qué llevó al BCU a tomar esta decisión con GBU? Según la resolución del directorio del Central, los hechos comenzaron a develarse en noviembre de 2024. Se recibió una nota que ponía bajo la lupa ciertas inversiones realizadas por GBU en nombre de una persona declarada incapaz y fallecida. Esto abrió una investigación que terminó por destapar un entramado complejo.

La Justicia había ordenado que el dinero de esa persona fuera invertido en instrumentos seguros como bonos de deuda pública uruguaya. Sin embargo, el BCU constató que, en mayo de 2022, GBU destinó esos fondos a un producto financiero estructurado administrado por el propio presidente de la corredora, el contador Álvaro Correa. Esto, sin la autorización judicial requerida.

El Central no se quedó solo con ese hallazgo. Descubrió que el producto financiero en cuestión estaba vinculado a una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Forestal International Limited. Esta empresa, a su vez, controlaba el 100% de una firma uruguaya, Portfolio Forestal Uruguay S.A., que declaraba activos en proyectos forestales. Pero había un detalle clave: la inversión carecía de liquidez y tenía un horizonte a 20 años, algo completamente alejado del perfil conservador que la Justicia había determinado para esos fondos.

Las irregularidades no terminaban ahí. Correa, además de ser presidente de GBU, figuraba como administrador de Forestal International Limited y como director de Portfolio Forestal Uruguay S.A., lo que generaba un claro conflicto de interés. Además, en mayo de 2022, ordenó transferir los valores de la cuenta del cliente incapaz a una empresa llamada Silover Holding, en una cuenta en Lek Securities Corporation, un broker dealer estadounidense que cesó sus actividades en noviembre de ese mismo año.

La resolución del BCU expone una serie de incumplimientos graves por parte de GBU. Entre ellos, destaca que la corredora no notificó a la Justicia sobre el conflicto de interés existente, ni informó sobre las transferencias realizadas. Además, se constató que GBU intentó modificar el perfil inversor del cliente de "conservador" a "agresivo" después de realizada la inversión, sin contar con una estrategia clara ni la venia judicial correspondiente.

El Banco Central también apuntó que GBU no realizó una valuación adecuada del producto financiero estructurado, y que se limitó a presentarlo a valor de costo en los estados de cuenta del cliente. Según las normas vigentes, esto debió haber sido realizado por un valuador independiente.

La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU llevó a cabo una inspección en las oficinas de GBU. Durante esa supervisión, Correa no entregó información relevante en tiempo y forma, lo que dificultó el trabajo del ente regulador. Tampoco se pudo verificar el destino final de los fondos transferidos a Silover Holding.

El caso de GBU pone de relieve una vez más los desafíos de la regulación financiera en Uruguay. El Central destacó que los incumplimientos de la corredora son particularmente graves, dado que involucraban los fondos de una persona declarada incapaz, un grupo especialmente vulnerable. También remarcó que los montos en juego eran significativos, representando aproximadamente la mitad del patrimonio de la persona fallecida.

El directorio del BCU concluyó que ni GBU ni su presidente cumplían con los estándares de conducta y rectitud comercial que exige la normativa del mercado de valores. Además, decidió inmovilizar los activos de la firma y de sus clientes para proteger los intereses involucrados.

Desde la Bolsa de Valores de Montevideo, la sensación es que este nuevo escándalo daña la credibilidad del sector. Algunos corredores de bolsa consultados coincidieron en que la intervención es un mazazo para el mercado y afecta la confianza de los inversores. Sin embargo, también valoraron los controles del Banco Central como un signo de que las irregularidades no pasan desapercibidas.

Por su parte, la contadora Ana Chaves fue designada como interventora de GBU por el BCU. Chaves tiene experiencia en la industria financiera y ya trabajó en la Bolsa de Valores en el pasado. Su tarea será esclarecer la situación y asegurar que los activos de los clientes estén protegidos.

El caso sigue su curso, pero ya está en manos de la Fiscalía para determinar si existen responsabilidades penales. El BCU dejó claro que no permitirá que este tipo de prácticas queden sin sanción, en un esfuerzo por fortalecer la confianza en el sistema financiero uruguayo.