Entre secretos y silencios: la verdad sobre la muerte de una adolescente bajo tutela de INAU

La historia de una adolescente que murió bajo tutela estatal mientras su familia sigue pidiendo justicia.

El caso de Camila Gadea pone en jaque a las instituciones. Su madre denuncia negligencias y busca respuestas sobre los últimos meses de su hija.

Era una madrugada más en Montevideo, pero para Claudia Telles, esa noche del 28 de marzo de 2022 no fue una más. Su teléfono sonó a las 3:45 de la mañana y una voz del otro lado de la línea la empujó de golpe a una pesadilla de la que aún no puede despertar. "Tu hija murió", le dijeron desde el centro de salud mental Los Pirineos. Camila, su Camila, tenía apenas 17 años y, según le explicaron, se había quitado la vida asfixiándose con una almohada. Pero desde ese instante, nada de lo que le contaron encajó del todo. Y ese rompecabezas sigue incompleto hasta hoy.

Natalia Roba, periodista de El Observador, fue una de las primeras en recoger la historia. Pero a Claudia los relatos oficiales nunca le cerraron. La llamaron horas después de la muerte de su hija y le dieron una versión que, cuanto más la pensaba, más desconcierto le provocaba. ¿Una almohada? ¿De verdad esa era la explicación?

Camila había llegado a Los Pirineos seis meses antes. Estaba en el sistema de protección del INAU tras una vida marcada por rupturas familiares, diagnósticos psiquiátricos y decisiones judiciales que la llevaron de un hogar a otro. Pero lo que Claudia no sabía era que, dentro de ese centro, su hija estaba atrapada en una red que nunca imaginó.

Un tiempo antes, Camila le había hablado de un hombre. Uno que tenía 39 años, que trabajaba en la clínica y que, según ella, la hacía sentir especial. "Estoy enamorada", le confesó a su madre. Ese hombre, según los datos que aportó Camila, coincidía con el director de Los Pirineos. "Le llevaba regalos, ropa, y hasta intentó ir a casa en diciembre. Al final no vino, dijo que el auto se le había roto", recordó Claudia.

Cuando la noticia de la muerte llegó, el psiquiatra director del centro no tardó en aparecer. Se acercó al velorio de Camila, llorando, y pidió perdón. Pero algo en esa escena dejó una espina clavada en Claudia. ¿Por qué lloraba así? ¿Por qué se arrodillaba frente a ella como si cargara un peso enorme sobre sus hombros? "No entiendo. No entiendo nada", repetía una y otra vez.

Los detalles del caso tienen más sombras que certezas. El expediente judicial menciona que Camila tenía un trastorno de personalidad y que ya había intentado quitarse la vida dos veces antes. Pero lo que nunca quedó claro fue por qué el psiquiatra nunca fue citado a declarar por Fiscalía, pese a ser una de las últimas personas que interactuó con ella.

El equipo del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar, que representa a Claudia, sostiene que hay demasiadas inconsistencias en la investigación. Una de las más notorias: el celular de Camila desapareció. Ese dispositivo, que contenía mensajes, llamadas y conversaciones clave con ese hombre, nunca fue encontrado. "Ese celular era la clave", dice Claudia, con la voz cargada de impotencia.

Incluso cuando el esposo de Claudia fue a buscar las pertenencias de su hija, le dijeron que la persona con la que Camila había tenido un vínculo era otro internado de la clínica. Pero esa versión tampoco encajaba. "Ese muchacho tenía 20 años. No es lo que ella me había contado", asegura.

La investigación oficial avanzó a trompicones, dejando cabos sueltos y preguntas sin respuesta. Natalia Roba, desde su crónica en El Observador, expuso las contradicciones en las pericias forenses: un informe hablaba de muerte por intoxicación de psicofármacos, mientras que otro descartaba la sofocación y sugería que la causa fue "natural e indeterminada". Pero, ¿qué significa una muerte natural para una adolescente que vivía en un centro de salud mental bajo tutela del Estado?

El expediente menciona una carta de despedida, supuestamente escrita por Camila. Pero cuando Claudia comparó la caligrafía de esa carta con los apuntes y cuadernos de su hija, algo no cuadraba. "No es su letra", aseguró. Y el equipo jurídico encontró algo más inquietante: la letra de uno de los técnicos que la trataba era sorprendentemente similar a la de esa carta.

Los detalles escabrosos no terminan ahí. Cuando le devolvieron las pertenencias de Camila, entre ellas había maquinitas de afeitar y otros objetos que, según Claudia, no deberían estar al alcance de una persona con antecedentes de intentos de autoeliminación. "¿Cómo le pueden dar esas cosas?", cuestiona, mientras revuelve las fotos y los recuerdos que le quedan de su hija.

El camino de Camila hacia Los Pirineos fue tortuoso. Su relación con su madre había sido conflictiva, lo que llevó a que a los 15 años solicitara irse de casa. Fue el Liceo N°41 quien activó el protocolo, tras recibir denuncias de maltrato. Camila terminó en un hogar del INAU y luego pasó a la casa de su tía materna. Pero tampoco se sintió segura allí. Denunció abusos por parte de su abuelo y volvió a ser derivada a un centro residencial.

En mayo de 2021, la Justicia dispuso que regresara con su madre, pero la convivencia no fue fácil. "No podía con ella", recuerda Claudia. "Estaba embarazada y enferma. Camila se lastimaba, se cortaba. Todo era desesperante". Entonces, La Barca, una ONG que trabajaba con el INAU, recomendó su internación en Los Pirineos.

Lo que sucedió allí en esos últimos seis meses de vida de Camila sigue siendo un misterio. Y los vacíos en la investigación de la Fiscalía solo agrandaron la herida. En agosto de 2024, la fiscal Bettina Ramos archivó el caso, alegando que no había indicios de delito. Pero lo que resulta incomprensible es que la notificación de ese archivo se envió al celular de la propia Camila, fallecida hacía más de dos años, y al número del director de la clínica, quien debía ser uno de los investigados.

Cuando el Consultorio Jurídico se enteró del cierre del caso, pidió una audiencia para solicitar su reapertura. "La investigación dejó un montón de hilos sueltos", señaló Eduardo Felipe, uno de los estudiantes que lleva adelante el caso. Y los abogados lograron su objetivo: el juez Eduardo Pereyra ordenó continuar con la pesquisa. "Hay elementos útiles para seguir investigando", afirmó en la audiencia.

Claudia siente que, por fin, alguien la escucha. "Ojalá esto sirva para empujar la justicia. Pero lamento que haya pasado tanto tiempo", dice, mientras espera respuestas que, hasta ahora, solo encuentra en el recuerdo de su hija.

El equipo jurídico insistirá en que el caso pase a una fiscalía especializada en delitos sexuales. "No cuestionamos si fue homicidio o suicidio", explicó Ignacio Barlocci, abogado del consultorio. "Lo que cuestionamos es si hubo omisión de asistencia y si hubo promesas indebidas por parte del director hacia una menor de edad".

La historia de Camila Gadea no termina con un punto final. Más bien es un relato lleno de puntos suspensivos, donde la justicia aún tiene mucho por escribir. Claudia Telles sigue esperando respuestas, y detrás de ella, hay un eco cada vez más fuerte que pide lo mismo: verdad y justicia.