Escribe, Mariela Salas Saucedo

El presidente Alberto Fernández emitió el jueves un decreto de necesidad y urgencia, estableciendo una serie de medidas para prevenir la propagación del virus corona. Estos incluyen la obligación de permanecer aislados durante 14 días para aquellos que tienen síntomas de la enfermedad o que han venido a Argentina desde los países más afectados por la enfermedad.

Según DNU, los que violen el aislamiento serán despedidos por cualquier posible delito previsto en los artículos 205 y 239 del Código Penal. Este último declara que «cualquier persona que se resista o se oponga a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o que brinde asistencia a petición suya o en virtud de una obligación legal será castigado con una pena de prisión de quince días a un año». .

La segunda figura legal se encuentra en el Capítulo IV del Título VII del Código Penal, que establece violaciones de la salud pública. Así, el artículo 205 establece que «será castigado con prisión de seis meses a dos años, quien viola las medidas tomadas por las autoridades competentes para evitar la introducción o propagación de una epidemia».

El propósito de este tipo de delito es castigar los actos u omisiones perjudiciales a través de los cuales se puede introducir o propagar una epidemia. Para algunos autores de derecho penal por comportamiento que merezca esta pena, debe haber una violación de una regla de cumplimiento obligatorio del estado, es decir, no solo una propuesta o consejo preventivo, que ha resultado en la introducción o propagación de una epidemia o al menos eso ha causado un riesgo concreto de que ocurra esta circunstancia.

Debe haber sido una lesión o peligro para la salud pública. Sin embargo, otros abogados afirman que se trata de una violación de riesgo abstracta, es decir, cualquier persona que huye de la cuarentena comete un delito, aunque luego se prueba que no estaba enfermo. Dado que lo que se sanciona es una violación de las medidas adoptadas por la autoridad competente (nacional, provincial o municipal) con el fin de evitar la introducción o propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, el comportamiento sancionado puede ser un acto o una omisión.

Es un delito intencional, es decir, requiere el conocimiento y la voluntad de la persona que realiza este tipo de conducta al violar la obligación (omisión) o al violar la prohibición (acto) establecida por la autoridad competente. En otras palabras, para que el autor sea un criminal, debe tener conocimiento de la medida emitida por el estado, de su obligación y debe tener la voluntad de violarla.

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