Del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas, apoyadas por poderosos sectores de la sociedad civil, implementaron una política terrorista para lo cual establecieron un plan sistemático de exterminio y desaparición de personas.

El 3 y 24 de octubre de 1976 el general José Rogelio Villarreal dio un golpe de Estado al anunciar oficialmente a la entonces presidenta María Estele Martínez de Perón «Isabel»: «Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y estás arrestado.

Desde ese día hasta el 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas, apoyadas por poderosos sectores de la sociedad civil, implementaron una política terrorista para lo cual establecieron un plan sistemático de exterminio y desaparición de personas.

Los comandantes en jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, fueron investidos como nuevos jefes del poder ejecutivo en la creación de la junta militar.

Cinco días después, Videla fue declarado presidente, y las primeras medidas que ordenó fueron el cierre del Congreso y de todas las legislaturas provinciales y municipales, la sustitución de todos los miembros de la Corte Suprema por jueces dependientes del nuevo régimen, allanamientos e intervención sindical, un Prohibición de toda actividad política, y censura previa, todos los medios de comunicación.

Los ministerios, con la excepción de economía y educación, estaban ocupados por militares.

Los comandantes generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, se invistieron como los nuevos titulares del Ejecutivo al conformar la Junta Militar

Los gobiernos provinciales también se distribuyen mayoritariamente entre los uniformados de las tres fuerzas y lo mismo ocurre con los canales de televisión, premiados bajo ese criterio.

Según el argumento sobre la existencia de un enemigo interno, las Fuerzas Armadas violaron todos los derechos, saqueando al país en una deuda no especificada hasta el momento, con el consentimiento del Fondo Monetario Internacional, y la implementación de una política económica de desindustrialización de las estructuras productivas y la profundización de la pobreza, mientras que la resistencia fue destruida por la creación de nada menos que 700 centros secretos de encarcelamiento, tortura y desaparición.

Todo el aparato del Estado sirve al terrorismo planificado y sistemático, institucionalizando el secuestro, la tortura y el forzamiento de las personas desaparecidas.

Ante esta perspectiva, son las organizaciones de derechos humanos lideradas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, junto con elementos del movimiento obrero, de diferentes sectores sociales las que denuncian al régimen dictatorial.

Las Fuerzas Armadas violaron todos los derechos, saquearon al país endeudándolo en una dimensión desconocida

Mientras las madres y abuelas exigían la aparición de sus hijos con vida y la curación de sus nietos idóneos, los sindicatos llevaron a cabo más de 300 protestas entre 1976 y 1979.

Luego, luego de la debacle económica de 1980 y la derrota de la guerra en las Malvinas en la región, el ejército y sus socios civiles amnistieron y nacionalizaron sus enormes deudas privadas.

Fue la dictadura más cruel que ha vivido la Argentina, que duró más de siete años y provocó la desaparición de 30.000 personas, 500 niños aptos y miles de exiliados.

Con el advenimiento de la democracia, las fuerzas políticas y las organizaciones de derechos humanos comenzaron a organizar movilizaciones en las calles para recordar todos los días el 24 de marzo.

La primera iniciativa tuvo lugar en 1984 en Rosario, a la que asistieron unas 700 personas que marcharon desde la Plaza Pringles hasta el Concejo Peatonal.

En 1985, las Madres comenzaron a marchar el 24 de marzo en la Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, aunque en esta primera ocasión se movilizó el 21 de marzo del mismo año.

Nueve días después, se inició una demanda a cargo de la Cámara Federal de la Capital, involucrando a los jueces León Arslanian, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio.

Luego, después de los levantamientos pintados, vienen las leyes de la debida obediencia y el cese total.

Todo el aparato del Estado estuvo al servicio del terror planificado y sistemático

Ambos hechos provocaron un gran revés en los procesos judiciales y fueron coronados por una amnistía establecida en la década de 1990 por el entonces presidente Carlos Menem.

Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, luego de declarar la inconstitucionalidad de las leyes definidas como ‘ley punitiva’, se abrió un camino para la reactivación o apertura directa de sesiones Jueces de la Corte por causas de lesa humanidad.

Estas pruebas son incluso extensas y hasta el día de hoy nos permiten conocer en detalle los horrores ocurridos en Argentina durante el período 1976-1983.

El 24 de marzo es un día importante ya que el regreso de la democracia y el establecimiento de esa fecha como fiesta nacional ocurrió luego de la promulgación de la Ley 26.085 en 2006, que lo declara el Día Nacional de la Sabiduría. Recuerde, Verdad y Justicia.

Esta norma intentó ser manipulada entonces, en 2017, por el expresidente Mauricio Macri, quien dictó una ordenanza estableciendo la portabilidad de ese feriado, decisión que fue objeto de un contundente rechazo de las organizaciones de derechos humanos.

Once días después, debido a la negativa de toda la sociedad civil, Macri tuvo que revocar sus términos a otro DNU.

Un fallo similar también ocurrió, pero en este caso que involucra a la Corte Suprema, luego de que el máximo tribunal aplicara el criterio ‘2×1’, el 3 de mayo de 2017, en el llamado fallo. Muiña, según el cual el doble tiempo que los perseguidores condenaron contra la humanidad fueron detenidos antes de su sentencia definitiva.

Un año después, luego de que campañas masivas rechazaran lo que se consideró una devolución de pena, la Corte revocó una nueva sentencia que había dictaminado anteriormente y estableció que las condenas por el crimen El mal de lesa humanidad no se puede aliviar con el beneficio del ‘2×1’.

Con información de Télam

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