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Colombia: continúan asesinatos de policías a manos de grupos armados ilegales

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Los asesinatos de policías y uniformados en Colombia es una noticia que circula recurrentemente en los medios locales. El gobierno, la ciudadanía y la sociedad civil han condenado estos ataques.

Las hipótesis alrededor de estos asesinatos son variadas y algunas están relacionadas con la transición de gobierno en Colombia. La toma de posesión del presidente electo, Gustavo Petro, está7 de agosto. Las autoridades han relacionado estos hechos con el llamado «Plan Pistola».

Pero, ¿qué está ocurriendo en el país? ¿Cuáles son las causas de los asesinatos recientes? ¿Qué dicen las autoridades? La Voz de América le explica.

¿Qué es el «Plan Pistola»?

Se trata de una estrategia de grupos armados ilegales para asesinar integrantes de la Fuerza Pública, usada desde hace más de tres década en el país. Según las autoridades, ha sido aplicada por Pablo Escobar, el ELN y, más recientemente, el Clan del Golfo.

Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz en Colombia INDEPAZ, dijo a la Voz de América que “le llaman en plan pistola a la recompensa que ofrecen para que los sicarios y diferentes criminales asesinen policías inermes en situación puede de rección, en cualquier circunstancia y les ofrecen 35 millones, 20 millones, desde mil dólares hasta 4.000 dólares por el policía asesinado”.

Jorge Restrepo profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, explicó a la VOA que “se trata más bien de un ejercicio reactivo que responde probablemente, tanto a intereses criminales de estos grupos como a una coyuntura específica en el tiempo. Nos se trata de un plan porque no estamos hablando de una sola organización, de una sola forma de operar ni tampoco que se concentre en este tipo de acciones en zonas particulares”.

¿Qué ha ocurrido en los últimos días?

Datos de la policía indican que 62 miembros de la institución han sido asesinados este año, 36 de ellos en actos del servicio.

Según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, en este año han caído 25 efectivos, 12 de ellos en julio. Y la fuerza pública ha sido blanco de por lo menos 75 ataques.

Restrepo, basado en cifras del CERAC, dice que a partir de mediados de junio se presentó “un aumento desmesurado que no habíamos visto en por lo menos siete años… llegando el total de acciones que se pueden contar en un año, a finales de julio, a su nivel más alto en los últimos cinco años. Pasamos de un número total en el mes de mayo, por ejemplo, cuando ya había aumentado algo de cerca de 28 acciones violentas contra la fuerza pública a cerca de 80”.

El gobierno ha señalado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo como el presunto responsable de la mayoría de los asesinatos (26 de ellos). Este grupo inició una retaliación, en octubre de 2021, gracias a la captura de su máximo jefe Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de ‘Otoniel’, y se mantuvo tras su reciente extradición a Estados Unidos, a comienzos de mayo, de este año.

Según el Ministro de Defensa, Diego Molano, otros grupos armados, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), «han querido colocar precio a la vida de los héroes, con el fin de posicionarse políticamente para una negociación».

Para el Director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, detrás de los hechos estarían alias ‘Chiquito Malo’ y alias ‘Siopas’, los dos jefes que se disputan el poder que dejó alias ‘Otoniel’.

Según la Policía Nacional, el Clan del Golfo ofrece entre US$1.000 y US$5.000 por cada policía muerto.

¿A qué se debe?

Las autoridades colombianas han señalado que la arremetida se ha dado con el fin de contrarrestar la ofensiva del Gobierno para capturar a varios cabecillas del Clan del Golfo.

Por otro lado, el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, instó la sociedad a rechazar los hechos y no permitir que «lo hagan únicamente con el propósito de posicionarse para futuras negociaciones políticas».

Esto, a propósito de la posesión del presidente electo, Gustavo Petro, quien planteó “negociaciones jurídicas” para que las organizaciones narcotraficantes se sometan a cambio de beneficios penales.

Según Restrepo se manejan varias hipótesis. La primera “es que estén utilizando la violencia para evitar operaciones en su contra, bien porque estén buscando traficar una significativa cantidad de drogas ilícitas o porque estén buscando escapar a una operación criminal en contra de uno de sus líderes”.

Sin embargo, el hecho de que la violencia se haya mantenido, “hace pensar que probablemente tiene que ver con las ofertas de negociación que durante la campaña, después de haber ganado la Presidencia de la República, ha hecho el gobierno entrante… Y, claro, tiene que ver con el hecho de que ante una eventual negociación, cualquier grupo armado tiende a escalar la violencia para presentarse como fuerte en un eventual diálogo, de manera que puede extraer de ese diálogo mayores beneficios a su favor”.

Por su parte, el vocero de INDEPAZ dice que todo “es especulación”. Para él, los ataques “tienen que ver con la ofensiva que el gobierno ha hecho sobre alguna de esas estructuras” y la división que había entre ellos también. Entonces, hay un proceso de reacomodo en unas zonas de su influencia” en diferentes territorios.

¿Se parece a las tácticas de Pablo Escobar?

El general Vargas dice que los ataques en contra la institución tienen similitudes con los vividos durante la época de Pablo Escobar. «De manera similar, estuve en esa época, Pablo Escobar, a través de un plan criminal parecido, buscaba evitar su captura», señaló el oficial de alto rango a la emisora Blu Radio.

No obstante, el vocero del CERAC explicó a la VOA que lo que hacía Escobar, durante la época del Cartel de Medellín, en la década de 1980 y comienzos de la década de 1990, era “en entornos urbanos, pagar a asesinos a sueldo, que aquí se les conoce como sicarios, un pago por cada uno de los atentados exitosos contra miembros de la Fuerza Pública que estaban persiguiéndolo y que estaban persiguiendo su organización. Hoy en día, es algo muy diferente. Son acciones violentas contra objetivos de oportunidad, muchas veces con explosivos, otras veces con francotiradores, otras veces en emboscadas, en zonas rurales o en pequeños pueblos de las zonas donde operan”.

¿Qué medidas han tomado las autoridades?

El general Vargas Valencia dijo el jueves que fue desplegado un refuerzo de 400 efectivos de la Dirección de Carabineros para las regiones más afectadas y que las operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo se mantienen en todo el país.

Otra de las medidas es la recompensa de 50 millones de pesos (11.700 dólares, aproximadamente) por alias ‘Richard’, una de las presuntas cabezas del plan en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba y el Magdalena Medio.

Restrepo afirma que los colombianos deben “exigirle a los grupos armados que cesen esta violencia de plano, y la mejor manera de hacerlo es decirle al gobierno entrante que tenga en cuenta que cualquier oferta de paz debe suponer una exigencia inmediata para que estos grupos armados paren la violencia en contra de la policía”.

Por su parte, el presidente electo, Gustavo Petro, hizo un llamado el viernes al Clan del Golfo para que cese los ataques: «Espero que termine ya. Al ‘Clan del Golfo’ se le posibilita un desmantelamiento pacífico».

«Matar jóvenes policías no es el camino. Desde aquí les digo: suspendan la muerte, el camino es la vida», añadió.

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