El miércoles, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional a través de un decreto, provocando una aceleración de las elecciones legislativas y presidenciales. Esta medida se produce al día siguiente de su presentación de defensa en un juicio político impulsado en su contra. La Asamblea Nacional ha quedado bajo una fuerte presencia militar, con la policía y miembros del ejército rodeando el edificio del legislativo, impidiendo cualquier acceso.
Nelson Proaño, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, reafirmó en un comunicado en video la lealtad del ejército a la Constitución y las leyes del país, destacando su compromiso de «proteger los derechos, libertades y derechos de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho».
«Somos instituciones obedientes y no beligerantes, cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. No obstante, debemos señalar que estamos convencidos de que el país no aceptará ninguna tentativa de alterar el orden constitucional mediante la violencia en contra de la democracia», indicó Proaño.
El alto mando militar subrayó su apoyo tanto a la decisión del Congreso de enjuiciar políticamente a Lasso, como a la decisión del presidente de disolver la Asamblea Nacional, ambas conforme a la ley. Proaño hizo un llamado a la unidad de los ecuatorianos y afirmó que las fuerzas del orden actuarán si es necesario. «Pedimos a los ecuatorianos mantener un ambiente de respeto a la ley, sin confrontación ni violencia» para preservar un país en paz y dignidad.
Para destituir a Lasso, habría sido necesaria una mayoría de 92 votos en una Legislatura de 137 miembros. La Constitución de Ecuador permite la llamada «muerte cruzada», una medida que permite al mandatario convocar elecciones para su propio cargo y para la Asamblea Nacional en circunstancias específicas, como cuando las acciones del legislativo bloquean el funcionamiento del gobierno.
Con la decisión de disolver la Asamblea Nacional, Lasso pone fin al juicio político y ahora tiene la facultad de gobernar por decreto durante un periodo de hasta seis meses con el control de la Corte Constitucional. Aseguró que «todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno» y que la disolución de la Asamblea “es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
Lasso ha negado las acusaciones de negligencia en relación con una supuesta malversación de fondos en un contrato con la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, alegando que su administración hizo modificaciones rentables al acuerdo, firmado años antes de que él asumiera el cargo.
Ahora, Lasso deberá convocar a elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de estos comicios completarán el actual período presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
En respuesta a estos eventos, el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, manifestó este miércoles su esperanza de que los ecuatorianos puedan resolver la crisis interna que atraviesa el país mediante la convocatoria de elecciones anticipadas.
«No creo yo que haya inestabilidad y, además, no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones que participen todas las fuerzas políticas. Y no creo que haya violencia política», afirmó López Obrador a periodistas.
El líder mexicano agregó que, en caso de enfrentamientos, la embajadora de su país en Ecuador ya estaría atendiendo a los ciudadanos mexicanos en el país andino.
Por otro lado, el expresidente Rafael Correa, que actualmente reside fuera del país, criticó la situación actual en su cuenta de Twitter: «Los grandes «demócratas» quitan la seguridad del presidente y autoridades de Asamblea Nacional. Se les caen todas las máscaras». Algunos legisladores han indicado que cualquier disolución de la Asamblea sería inconstitucional y que se negarían a cumplirla.
La organización indígena más grande de Ecuador, CONAIE, tildó en Twitter la decisión de Lasso de disolver la Asamblea como una «dictadura», anunciando que celebraría un «consejo ampliado extraordinario» para analizar la situación. La CONAIE, que el año pasado lideró protestas en todo Ecuador que casi derrocaron a Lasso, ha sido un actor relevante en la política nacional.
Los legisladores del partido del expresidente Rafael Correa, quien fue condenado por corrupción, encabezaron la acusación de juicio político y se comprometieron a proporcionar sus 47 votos a favor de la destitución de Lasso. El proceso de juicio político fue el primero contra un presidente ecuatoriano en décadas.
Los elegidos en las elecciones anticipadas solo servirán hasta la realización de los comicios regulares en 2025.
La decisión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de mantener «inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes», como aseguró Proaño, podría contribuir a mantener la estabilidad en el país de momento. El alto mando afirmó que la decisión de Lasso de disolver la Asamblea estaba consagrada en la Constitución.
Finalmente, el tribunal electoral de Ecuador tiene la tarea de determinar la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional. Lasso permanecerá en su cargo, gobernando por decreto, hasta que se establezca esta fecha.
El Presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, disuelve la Asamblea Nacional y acelera elecciones
