Según publica diario el País. De un lado de la balanza la seguridad jurídica, el libre movimiento de capitales, los regímenes preferenciales y el grado inversor. Del otro, aspectos como las relaciones laborales y el poder de los sindicatos, subsidios que favorecen a empresas públicas, escaso desarrollo del mercado de capitales, y problemas educativos y de seguridad.

Allí se detalla que en la actualidad hay unas 120 empresas estadounidenses con inversiones en el país, en sectores variados como la silvicultura, el turismo y los hoteles, los servicios (por ejemplo, centros de llamadas u oficinas administrativas) y las telecomunicaciones.

“El gobierno de Uruguay reconoce el importante papel que cumplen las inversiones extranjeras en el desarrollo económico y sigue manteniendo un clima de inversiones favorable que no discrimina a los inversores extranjeros”, destacó el Departamento de Estado.

Agregó que “la mayoría de las inversiones se permiten sin necesidad de autorización previa y los inversores pueden transferir libremente su capital y las ganancias que obtienen de sus inversiones al exterior”.

Además, la dependencia del gobierno estadounidense avaló el sistema jurídico local por tratar “de la misma manera a las inversiones nacionales y extranjeros”, y al Poder Judicial que definió como “independiente del Poder Ejecutivo”.

Las firmas estadounidenses instaladas en el país “no han identificado a la corrupción como un obstáculo para la inversión”. En esa línea, se remarcó que Uruguay posee “leyes para prevenir el soborno y otras prácticas corruptas”.

A nivel financiero, se consideró a Uruguay “un país fiscalmente transparente”, con procedimientos “consistentes con las normas internacionales”.

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A su vez, en el documento se analizó que hay un déficit y una deuda pública “relativamente alta en comparación con su grupo de calificación”, aunque resaltando que Standard & Poor’s y Moody’s evaluaron a Uruguay dos escalones arriba del umbral del grado inversor con una perspectiva estable.

En contrapartida, el informe sostiene que “pequeñas y medianas empresas industriales (Pymes) de Estados Unidos describen el mercado uruguayo como difícil de ingresar en algunos sectores de la economía”, lo que atribuyen a “relaciones comerciales y lealtades heredadas, junto con una resistencia cultural por parte de distribuidores y clientes para confiar en nuevos productores”.

Sobre las empresas públicas uruguayas, se señaló que “tienden a tener la mayor participación de mercado incluso en sectores abiertos a la competencia”, lo que podría producir “subsidios cruzados (que) probablemente otorguen a estas empresas una ventaja sobre sus competidores privados”.

Seguidamente y al referirse a algunos fenómenos sociales, el informe identificó que el “crimen violento va en aumento en Uruguay” y que se “está experimentando una crisis en el sistema de educación pública”.

Uno de poco desarrollo y otro sin manipular

Parte del informe del Departamento de Estado se centra en el mercado de capitales y de divisas local. Respecto al primero, se consideró que “a pesar de algunas emisiones de bonos muy exitosas por parte de firmas públicas, sigue subdesarrollado y altamente concentrado en la deuda soberana”, lo que hace “difícil financiar negocios a través del mercado local de valores y restringe el flujo de recursos”. Esto último se asocia a que “Uruguay generalmente recibe solo inversiones activas orientadas a establecer nuevas empresas u obtener control sobre las existentes y carece de inversiones pasivas de los principales fondos de inversión”. Además, se observó que “tecnologías emergentes como blockchain y las criptomonedas siguen sin desarrollarse” en el país. Respecto al mercado cambiario, el reporte estadounidense señaló que “Uruguay no participa en la manipulación de la moneda para obtener una ventaja competitiva”, con el peso flotando libremente “aunque con la intervención del Banco Central para reducir la volatilidad del precio del dólar”. Añadió que cualquier divisa “puede obtenerse a tasa de mercado y no existe un mercado negro” para cambiar dinero. Al analizar la tributación en Uruguay, el informe indicó que existen “varios incentivos para las inversiones en zonas industriales nuevas y abandonadas”, que fomentan el empleo, la descentralización, las exportaciones y el desarrollo de la investigación. Las firmas pueden acceder a una deducción del impuesto a la renta, exención de aranceles y reembolso del IVA, entre otras medidas de incentivo.