El gobierno de Yamandú Orsi abrió una discusión clave sobre las condiciones para acceder a las asignaciones familiares en Uruguay. La cuestión central es si se mantendrá la exigencia de que los niños asistan a la escuela para que sus familias cobren la prestación.
Tanto el presidente Orsi, docente de formación, como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, han planteado que las asignaciones no deberían estar sujetas a contraprestaciones. Esta postura busca alinearse con modelos internacionales de transferencia directa de ingresos, pero genera un intenso debate en el ámbito político y social.
Un cambio de enfoque en las asignaciones familiares
Actualmente, la Ley 18.227, vigente desde 2008, establece como requisito obligatorio la inscripción y asistencia regular de los menores a centros educativos para que sus familias reciban la prestación. Sin embargo, la nueva administración estudia modificar este criterio.
«El componente de la retribución ya no se discute más. Se tiene que terminar», afirmó Orsi durante la campaña electoral, argumentando que muchas familias no pueden cumplir con este requisito debido a situaciones de vulnerabilidad extrema.
Oddone, por su parte, sostuvo que el Frente Amplio apuesta a eliminar las condiciones en la entrega de asignaciones, ya que, según experiencias en países con altos ingresos, las transferencias no condicionadas han sido más efectivas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) aclararon que, si bien la propuesta está sobre la mesa, aún no se ha tomado una decisión definitiva, ya que primero se analizarán los resultados de las políticas implementadas hasta el momento.
Historial de cortes y cifras en debate
La exigencia de asistencia escolar para recibir la asignación ha sido motivo de discusión en distintos gobiernos. Aunque la ley se aprobó en 2008, comenzó a aplicarse en 2013 durante el mandato de José Mujica. En 2015, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se suspendió temporalmente, pero en 2016 un decreto presidencial restableció el requisito.
Durante la administración de Luis Lacalle Pou, los cortes de asignaciones se mantuvieron, excepto en 2020 debido a la pandemia. Según cifras oficiales, en el primer semestre de 2024 se suspendieron 5.812 asignaciones por inasistencia escolar, de las cuales solo 330 fueron rehabilitadas tras una regularización.
Entre 2018 y 2024, se cancelaron casi el 90% de las asignaciones a familias notificadas por ausentismo escolar. No obstante, el número de suspensiones en 2023 y 2024 fue el más bajo desde 2018, lo que sugiere que la medida podría haber perdido efectividad.
Posturas a favor y en contra del cambio
El debate no solo enfrenta a los partidos políticos, sino también a especialistas en educación y políticas sociales. El ministro de Educación, José Carlos Mahía, consideró que condicionar las asignaciones a la asistencia escolar no es la solución principal para mejorar la presencialidad.
«No es el punto clave para aumentar la asistencia. Hay que aplicar una batería de medidas, y las asignaciones pueden ser una herramienta más, pero no la única», expresó Mahía.
Por otro lado, el futuro presidente de ANEP, Pablo Caggiani, enfatizó que mientras la ley no cambie, las asignaciones seguirán cortándose por inasistencia escolar.
Desde la oposición, el exministro del Mides Martín Lema calificó la posible eliminación de este requisito como «un retroceso brutal», asegurando que el sistema debe seguir exigiendo que los niños vayan a clase para acceder a la prestación.
«Si no se cumple la contraprestación, hay que suspender la asignación. De lo contrario, enviamos un mensaje negativo», afirmó Lema, quien fue una de las figuras más cercanas al expresidente Lacalle Pou.
Impacto en la educación y desafíos pendientes
El debate sobre la relación entre asistencia escolar y asignaciones se cruza con otra problemática central: el bajo nivel de presencialidad en las escuelas. En 2024, solo el 82% de los alumnos asistió al menos 141 días al año, cuando la meta oficial es del 88% al 90%.
Para revertir esta situación, la ANEP implementó en 2024 un plan piloto basado en notificaciones por carta a las familias, una estrategia inspirada en modelos de perspectivas comportamentales que ya se han probado en otros países. Los primeros resultados fueron positivos, aunque aún lejos del objetivo.
En este contexto, el gobierno deberá definir si la exigencia de asistencia escolar seguirá siendo una herramienta para garantizar la educación de los niños o si se buscarán alternativas más efectivas.
