Juez procesado por violencia doméstica fue ascendido por la Suprema Corte

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La Suprema Corte de Justicia ascendió a Fabricio Cidade, un juez que fue procesado en 2016 por violencia doméstica, informa este martes El Observador.

Pasó de ser juez letrado en Paysandú a ocupar el puesto en San José, más cerca de Montevideo, lo que es considerado un ascenso en el Poder Judicial.

La semana pasada, el magistrado integró la lista de 90 que fueron ascendidos por la Suprema Corte de Justicia.

En octubre de 2016, la jueza letrada de Salto Raquel Gini concluyó que verificó una hipótesis de violencia doméstica por ejercicio de violencia verbal, sicológica y emocional en perjuicio de su expareja.

Cidade dijo ser víctima del sistema que él mismo integra como magistrado, ya que -afirmó- haber sido victima de una injusta denuncia. Agregó que fue “una patraña del sistema, del género, de los abogados”.

El expdiente contiene supuestos mensajes amenazantes del juez como “vas por mal camino” “vamos a perder todos si seguimos así” o “esta no te la perdono” que configuran hechos de violencia”.

Por su parte, Cidado dijo que esos mensajes eran “viejos” y que no estaban en relacionados con el expediente que dio lugar a la denuncia.

La misma, dijo, fue “inducida”. “La Policía lo aceptó y el juez la asumió”, agregó.

La justicia le impuso al magistrado prohibición de tomar contacto con su excónyuge por espacio de 120 días.

El caso fue notificado a la Policía para su seguimiento. Cidade cumplió el pedido y la causa se archivó en febrero de 2017.

Como la doctora Gini no informó a la Suprema Corte, el antecedente no fue tenido en cuenta para decretar su ascenso. Así lo confirmó a El Observador, Jorge Chediak, presidente de la corporación.

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El tema se pondrá a consideración consideración de los ministros en las próximas sesiones, reconoció.

Cidade dijo que las medidas restrictivas no eran de recibo ya que el tema no era material penal, sino de familia. “Me tocó estar del otro lado del mostrador pero como víctima del sistema”, aseguró.

Explicó que todo comenzó cuando tuvo “una diferencia verbal” con la pareja de su exesposa en el domicilio donde también viven sus hijos.

“Fue una exageración no poder acercarme a mis hijos cuando siempre fui un padre presente”, señaló.

Además, dijo, el hecho de que este episodio salga a luz tiempo después, y justo cuando ocurrió el nombramiento, da la pauta de que “malas intenciones”.

Cidade dijo que el hecho demuestra que “no hay corporativismo”, y que cuando se trata de un colega “hay una visión más dimensionada e implacable”.

La jueza Gini dijo en el auto de procesamiento que “el denunciado admite que el denunciante es una persona vulnerable y aún a sabiendas de ello persiste en el envío de mansajes que la afectan emocionalmente”.

UN ANTECEDENTE

El Observador recuerda un antecedente de un juez procesado que terminó en destitución. Es el caso del exjuez penal de Paysandú Gerardo Azarola, denunciado por su expareja por presuntas situaciones de acoso en las que abusó de su condición de juez.

La destitución ocurrió el 4 de abril de 2016 luego de proceso en que se habría comprobado que Azarola “no reguló las alternativas de su vida privada en el marco de las pautas éticas, incurriendo en una conducta moralmente irregular, afectando su decoro como juez y comprometiendo la imagen del Poder Judicial”.

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Hay 501 jueces en todo el país, según estimaciones al año 2015. De ellos 11 son letrados de Montevideo y 11 letrados del interior. Además hay jueces de paz y ministros de tribunales de apelaciones.

Todos ellos deben responder a la ley orgánica de la judicatura y de la organización de los tribunales. Los jueces “son responsables ante la ley de toda agresión contra el derecho de las persona, así como separarse del orden de proceder que en ella se establezca”.

Los magistrados debe observar los “principios de respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad”, y evitarán toda conducta que “importe un abuso, exceso o desviación de poder”.