El 7 de mayo, a través de una resolución de Antel, 857 personas empleadas y que habían estado asociadas a la empresa durante al menos tres años se convertirían en servidores públicos.

Para este fin, la Junta de Antel se basó en el Artículo 40 de la Resolución de Presupuesto del Decreto 385 de 2018, que es la Ley de Presupuesto para la Compañía en 2019 y, por lo tanto, para el mandato anterior del gobierno.

Se establecen las bases para el Presupuesto de los empleados contratados en el Régimen del Servicio Civil, que respalda a la Junta Directiva para presupuestar «a los mayores de tres años, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en las leyes respectivas y con los reglamentos internos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones «.

La resolución de la Junta Directiva de Antel definió el presupuesto que entrará en vigencia el 1 de mayo de este año «por razones de buena gestión».

Este martes, el Presidente de la República revocó la decisión tomada por la Junta de Directores de Antel, dirigida por las iglesias, e inmediatamente solicitó la renuncia del líder. El mismo día, Iglesias renunció a su cargo.

Basándose en el artículo 197 de la Constitución de la República, que le confiere al Poder Ejecutivo la potestad de hacer observaciones que crea pertinentes «así como disponer la suspensión de los actos observados» el presidente Lacalle Pou considera en su resolución que la gestión o el acto del Directorio del ente descentralizado es «inconveniente».

Además, se exhorta al Directorio de Antel a que «a partir de la fecha de notificada la presente Resolución, deje sin efecto la Resolución observada», lo que anula la presupuestación de estos funcionarios.

Para el gobierno, esta decisión contraviene los objetivos del Poder Ejecutivo, que además asumió con una suerte de promesa electoral de recortar los gastos del Estado.

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