El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno de Salto resolvió la formalización de E.D.A.L., acusado de reiterados delitos de contrabando agravado y cohecho calificado. La medida fue dispuesta mediante la interlocutoria N.º 585/2025, dejando en claro la gravedad del caso.
En paralelo, la justicia decretó la prisión preventiva por 120 días, con vencimiento el 8 de julio a las 18:00 horas. Según lo establecido en la interlocutoria N.º 586/2025, la medida es automática y podría extenderse si surgen nuevas pruebas.
El operativo, bautizado como «Baikal», sacó a la luz un presunto entramado de corrupción donde funcionarios públicos habrían facilitado el ingreso ilegal de mercadería. La investigación sigue en curso, y las autoridades mantienen bajo detención a una mujer, cuyo proceso judicial continuará en las próximas horas.
Funcionario público implicado en la trama
En el intercambio de información sobre el caso, surgió una pregunta clave: si hay cohecho, ¿quién dentro del Estado permitió estas maniobras? La respuesta no tardó en llegar: el involucrado pertenece a la Barrera Sanitaria del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), un puesto clave en los controles de ingreso de productos al país.
La situación refuerza la hipótesis de que el esquema no se limitaba solo a contrabandistas independientes, sino que contaba con la complicidad de alguien dentro del sistema.
Un caso que promete nuevas revelaciones
Las actuaciones judiciales aún no han terminado. Mientras la prisión preventiva avanza, se espera que en los próximos días se defina la situación de la detenida y se determinen eventuales nuevas imputaciones. La Operación Baikal recién comienza a mostrar su verdadera dimensión.
