La inminente administración de Yamandú Orsi enfrenta desafíos que van desde la redacción del Presupuesto y la definición de las nuevas pautas para la ronda de consejos de salarios, hasta la revisión de una serie de medidas heredadas. Entre estos se destacan posibles ajustes a la Ley de Urgente Consideración (LUC), la eventual reforma de la seguridad social —o “reforma de la reforma”—, la política tributaria y la inserción internacional de Uruguay. Nada de ello puede verse como acciones aisladas, ya que su concreción dependerá de delicados acuerdos en un Poder Legislativo donde la nueva fuerza de gobierno no cuenta con mayoría en la Cámara de Representantes.
En los primeros compases, el nuevo Ejecutivo elaborará su proyecto de ley de Presupuesto, mientras ajusta la negociación de los futuros convenios salariales. Sin embargo, hay más asuntos en juego: el Frente Amplio siempre tuvo en la mira varios artículos de la LUC aprobados en la administración que concluyó, aunque no planea una derogación masiva, sino modificaciones puntuales. Voces cercanas al oficialismo sostienen que el enfoque será presentar iniciativas concretas en el Parlamento para desmontar aspectos críticos de esa ley “ómnibus” impulsada por el presidente anterior, Luis Lacalle Pou.
LOS POSIBLES CAMBIOS A LA LUC
La oposición del Frente Amplio a la LUC, y su respaldo al referéndum de marzo de 2022 para derogar 135 artículos (finalmente sin éxito), alimentó expectativas de que la nueva gestión revisará varios preceptos vigentes. Entre ellos, asoma la suspensión condicional del proceso, un mecanismo penal suprimido por la LUC, que había permitido a ciertos imputados —bajo acuerdo con Fiscalía— suspender el proceso a cambio de obligaciones y la extinción de antecedentes. Antes de ser prosecretario de Presidencia, el exfiscal de Corte Jorge Díaz recomendó no eliminar dicho instrumento, pues consideró que resolvía casos sin incurrir en largos procesos judiciales.
Otro foco de debate podría ser el endurecimiento de penas para el microtráfico en las cárceles, ya que el aumento de sentencias afectó sobre todo a mujeres. La LUC establece sanciones de cuatro a 15 años de prisión por entregar, vender o facilitar drogas en ámbitos carcelarios, centros educativos, sanitarios o culturales. Aunque en la última Rendición de Cuentas hubo un alivio parcial, el oficialismo sigue cuestionando la severidad de estas penas. También está en duda la legitimidad que la LUC otorgó a la “defensa policial” y las disposiciones sobre resistencia al arresto: la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, las mostraron “excesivas” y más simbólicas que efectivas.
En el plano educativo, la LUC cambió la gobernanza de la enseñanza. Se eliminaron los consejos de Primaria, Secundaria y UTU, reemplazándolos por directores generales dentro del Consejo Directivo Central (Codicen) y suprimiendo a los representantes docentes. El nuevo gobierno planea, según fuentes cercanas, restaurar ciertos espacios de participación de los educadores. Si bien no necesariamente se volverá a la estructura anterior, se evaluarán fórmulas que garantizan diálogo colectivo. El programa del Frente Amplio insiste en un “nuevo diseño” en la educación, sumado a la participación de la comunidad educativa mediante Consejos de Participación que involucran a docentes, estudiantes y familias.
Por otro lado, la LUC declaró ilegítimos los piquetes y limitó las ocupaciones en entornos laborales, respaldando la libre circulación y el derecho de los no huelguistas a acceder a sus puestos. El Frente Amplio había criticado la medida por considerar que la conflictividad social no se regula con restricciones tan estrictas, lo que abre la puerta a cambios. Otro punto económico discutible es la liberalización parcial de los pagos en efectivo, que autorizan transacciones hasta 100.000 dólares. La izquierda, preocupada por el potencial de lavado de activos, ya había propuesto rebajar esos topes.
LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Además de retocar la LUC, el nuevo gobierno prevé convocar a una comisión sectorial en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para analizar ajustes al sistema jubilatorio, con la intención de “enmendar” algunos aspectos de la reforma aprobada en la gestión anterior. El economista Hugo Bai —exintegrante del Instituto Cuesta Duarte— liderará la coordinación y anticipa que, además de los cambios previsionales, habrá debates en torno a la primera infancia, transferencias sociales, discapacidad y el sistema de cuidados.
La administración Orsi esboza retornar la edad jubilatoria a los 60 años como “normal”, idea que choca con el planteo de la última reforma, que generalizó la extensión a los 65. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, advirtió que no todas las ocupaciones deberían jubilarse al mismo tiempo y sugirió la posibilidad de jubilaciones más tempranas para quienes cumplan determinadas condiciones. Sin embargo, Orsi esbozó un criterio general: 60 años como piso, habilitando a quien desee extender su vida laboral. Otro asunto polémico es el futuro de las AFAP, con sectores del Frente Amplio que propugnan la nacionalización. La postura mayoritaria tiende a reformarlas sin suprimirlas, resaltando la necesidad de equilibrio financiero y cobertura social adecuada.
POLÍTICA EXTERIOR: MIRANDO AL SUR YA LA REGIÓN
En cuanto a la inserción internacional, la nueva Cancillería, liderada por Mario Lubetkin, muestra un giro respecto al gobierno anterior. Se aliena un acercamiento mayor al Mercosur ya los ejes que promueve Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva. Orsi viajó a Brasilia tras ganar el balotaje y, ya en la previa de su asunción, se reunió con Lula, Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile), reforzando la sintonía con gobiernos progresistas de la región.
Se cuestiona la vía unilateral que Uruguay había comenzado a unirse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Aunque no se descarta explorar opciones, el nuevo Ejecutivo se muestra escéptico sobre la factibilidad de incorporarse sin la aval del bloque regional. Lubetkin afirmó que “no es viable” actuar en el resto del Mercosur, y que la prioridad pasa por reactivar espacios como la Celac y fortalecer vínculos con el llamado “sur global”.
LA POLÍTICA TRIBUTARIA Y OTRAS DECISIONES CLAVES
Si bien no se utilizó el primer plano durante la campaña, la revisión de la política fiscal también figura entre los temas en la mira. El Frente Amplio, en diversas instancias, ha criticado la rebaja impositiva concedida durante la administración saliente, advirtiendo que reduce el margen de maniobra del Estado. No obstante, no hay definiciones firmes sobre revertir esos beneficios o aumentar tributos. Cada medida deberá negociarse en el Parlamento.
En paralelo, el gobierno entrante comenzará a delinear su proyecto de Presupuesto Nacional, que marcará prioridades de gasto público y sentará las bases para los próximos años. Al mismo tiempo, coordinará las pautas de negociación en los consejos de salarios, buscando un difícil equilibrio entre la recomposición de ingresos y la contención de la inflación.
LA BÚSQUEDA DE ACUERDOS
Las grandes incógnitas se centran en cómo Orsi gestionará un gobierno sin mayorías propias y con sectores diversos dentro de su coalición. Analistas políticos señalan que necesitan pactar con otros partidos para lograr la aprobación de reformas profundas, especialmente en temas tan sensibles como la seguridad social o la LUC.
Dado que el Frente Amplio se mostró firme al rechazar iniciativas del mandato anterior, cabe preguntarse hasta qué punto buscará un consenso real o si optará por mayor confrontación. Sin embargo, los integrantes del gabinete parecen abogar por el diálogo, conscientes de que ninguna transformación saldrá a flote sin apoyos transversales, en particular en la Cámara de Diputados. El nuevo equipo considera que la sociedad uruguaya anhela estabilidad y soluciones de mediano y largo plazo, más allá de la polarización partidaria.
En síntesis, la etapa que se abre con Yamandú Orsi promete cambios graduales en áreas sensibles, pero sujetas a negociaciones complejas. La LUC, la política exterior, los ajustes en el sistema previsional y la revisión de ciertos parámetros tributarios constituyen la columna vertebral de un programa que pretende, al menos en el discurso, no avanzar en solitario sino tejer una red de acuerdos dentro y fuera del Parlamento. La capacidad de dialogar —y hasta dónde llegará el margen de maniobra— será determinante para la eficacia de estas transformaciones. Solo el tiempo dirá si la conducción presidencial encuentra la fórmula adecuada para concretar el giro esperado o si las resistencias políticas y sociales limitan el alcance de sus aspiraciones.
