Las noches en Salto tienen un sonido propio. No es la brisa del río ni el bullicio de la gente en los bares. Es el ruido de motores a máxima potencia, rugiendo en la costanera y en varias calles de la ciudad. Son las picadas de motos, una práctica ilegal que no solo sigue ocurriendo, sino que parece haberse convertido en una costumbre sin que nadie la frene.
No es un secreto. Quienes caminan por la costanera lo ven, los vecinos lo sufren y las autoridades lo saben. Sin embargo, los controles son nulos y las sanciones brillan por su ausencia. Mientras tanto, los motociclistas aprovechan la impunidad para desafiar la velocidad y poner en riesgo no solo sus vidas, sino también la de quienes circulan por la zona.
Las carreras ilegales no son algo nuevo en Salto. Se repiten cada fin de semana, en horarios donde el tránsito es más reducido y las calles parecen estar a disposición de estos corredores clandestinos. Muchos de ellos llevan sus motos modificadas para alcanzar velocidades extremas, sin casco ni medidas de seguridad, y con la adrenalina como única protección.
El problema no es solo el ruido ensordecedor que rompe la calma nocturna. Es el peligro constante de que una de estas competencias termine en una tragedia. Y ya ha pasado. Salto ha sido testigo de accidentes fatales provocados por estas carreras ilegales, pero ni siquiera esas pérdidas lograron ponerle un freno a esta práctica.
La ley es clara. Las picadas de motos están prohibidas en Uruguay, con sanciones que incluyen multas, decomiso del vehículo y hasta penas de cárcel en casos de accidentes graves. Pero esa teoría choca con una realidad donde nadie hace cumplir la normativa.
Las excusas son muchas. Falta de recursos, ausencia de operativos específicos o simplemente falta de voluntad para abordar el problema. Lo cierto es que los motociclistas saben que no hay consecuencias y actúan con total impunidad.
Las redes sociales también juegan su papel. Los corredores organizan estos encuentros de manera clandestina, cambiando de ubicación según el nivel de riesgo de ser detectados. Una dinámica que complica aún más la tarea de las autoridades, que no parecen tener una estrategia concreta para desmantelar estas competencias.
Pero el peligro no se limita a los que participan. Cualquiera puede ser una víctima involuntaria de la imprudencia. Conductores que cruzan con sus autos por una calle tomada sin previo aviso, peatones que caminan en la costanera sin imaginar que en segundos una moto pasará a toda velocidad sin darles tiempo a reaccionar.
En otras ciudades, los operativos de control han logrado frenar el problema. En Salto, sin embargo, parece que todo sigue igual. La falta de sanciones alimenta la idea de que las picadas no son un delito real, sino una simple travesura nocturna. Hasta que ocurre una tragedia y todos se preguntan cómo nadie lo vio venir.
¿Qué se puede hacer para frenar esta situación? La respuesta no es complicada, pero requiere decisiones firmes. Más controles en horarios clave, multas efectivas, retención inmediata de motos que participen en carreras ilegales y una política de seguridad vial que no se limite a palabras.
La pregunta es si alguien está dispuesto a hacerlo. Mientras tanto, los motores siguen rugiendo y Salto sigue corriendo un riesgo que nadie parece querer detener.
