(Uypress). Importantes disturbios se registraron en Bogotá entre manifestantes y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el temido ESMAD, luego de conocerse la noticia del fallecimiento de un ciudadano en medio de un procedimiento policial.

Lo sucedido con Javier Ordóñez tomó estado público a través de un video difundido en redes sociales, donde se ve cómo dos efectivos policiales le aplican descargas eléctricas con un taser al hombre, que no se había resistido.

Según se supo, Ordóñez y otros amigos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, cuando fueron abordados por los policías.

Ordóñez dijo que le impusieran la multa correspondiente, pero fue sometido con las descargas eléctricas y, ya en el piso los agentes se arrodillaron sobre él, en una escena similar a la del caso que costara la vida del estadounidense George Floyd.

A pesar de las súplicas del detenido -«Por favor, no más, me ahogo», se le escucha, agitado en medio de los electrochoques- la agresión continuó.

En el video que circuló, de más de dos minutos de duración, se escucha a los testigos increpando a la policía: «¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo por favor?» les dicen, al tiempo que les comunican que los estaban grabando.

Pese a que se observa que el hombre fue trasladado con vida dentro de una patrulla al CAI del barrio Villa Luz, horas más tarde murió en una clínica, lo que causó la indignación de la ciudadanía, ante el evidente abuso policial.

Ante los hechos, la Policía de Bogotá anunció que retiraría del puesto de vigilancia a los Policías, quienes serían trasladados a un cargo administrativo, mientras que la Procuraduría anunció una investigación preliminar para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados.

En medio del Comité Civil de Convivencia, mesa de Policía y Derechos Humanos, que convocó la alcaldesa Claudia López para atender el caso de abuso policial contra Javier Ordóñez, se conoció que el caso del abogado no fue enviado a la Fiscalía sino a la Justicia Penal Militar. López mostró su preocupación de que este tipo de casos terminen en la Justicia Penal Militar o al procedimiento interno de la Inspección General de la Policía. «Desde la Alcaldía creemos que una de las razones que permite la ocurrencia recurrente de este tipo de hechos es que hay un clarísimo conflicto de interés entre la Policía y la investigación de los casos. Es importante que el país tenga una instancia distinta para definir si un caso que se denuncia es de uso o abuso, y eso no lo puede hacer la misma Policía», dijo López.

Al respecto, también señaló que «El caso de Javier Ordóñez no es un caso aislado», dado que en lo que va corrido del año se han registrado 137 casos de abuso policial y las autoridades solo han reconocido 38 «Hay un problema estructural», indicó la alcaldesa porque lo que sugirió revisar la formación que reciben los uniformados de la institución.

Según  dio cuenta El País de Madrid, una «velatón» convocada para exigir justicia terminó en enfrentamientos y destrozos. Al grito de «asesinos», los manifestantes quemaron al menos dos motos, destruyeron la camioneta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que estaba en el lugar para recabar las pruebas y prendieron fuego a varios contenedores de basura que desplegaron a manera de barricadas. El Esmad, en medio de una lluvia de piedras, los dispersó con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras y por lo menos una veintena de policías resultaron con lesiones.

La ciudad amaneció con un saldo fatal: cinco civiles asesinados, en medio de los disturbios y 50 heridos, atendidos en centros asistenciales por lesiones con objetos contundentes.

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