El Ministerio de Economía y Finanzas aumento-del-endeudamiento-en-uruguay-por-crisis-del-agua/">(mef) aprobó la financiación de un proyecto presentado por la empresa Lanafil SA ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), el cual incluye la realización de obra civil, la adquisición de equipamiento, un vehículo utilitario, un vehículo utilitario eléctrico y un vehículo de pasajeros eléctrico. La aprobación, que se basó en un informe previo del MEF, declaró “promovida la inversión” de 7.049.465 de unidades indexadas, equivalente a casi 40 millones de pesos, y exoneró a la empresa “de tasas y tributos a la importación” y “en general” de “todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación de bienes muebles de activo fijo y materiales destinados a la obra civil promovida”. La resolución también exoneró a la empresa de la liquidación del impuesto al patrimonio de “los bienes que se incorporen con destino a la obra civil”.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, firmó la resolución, pero lo que la distingue de otras es que el gerente general de Lanafil SA, Juan Alzugaray Viejo, es su esposo, según consta en la declaración jurada que Arbeleche presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Esto plantea cuestiones éticas y legales, ya que el artículo 31 de la Ley 19.823, que estableció el Código de Ética en la función pública, prohíbe explícitamente a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente. Además, el artículo siguiente prevé que el funcionario debe presentar una declaración jurada al “jerarca correspondiente” en un plazo de 60 días, individualizando las personas o empresas y el tipo de relacionamiento o intereses con ellas. Si se comprueba que Alzugaray también es socio en la empresa, esto podría agravar la situación.
Este caso recuerda a otra resolución del MEF del 11 de febrero de 2021, que generó revuelo dentro del gobierno debido a que estaba relacionada con una empresa vinculada al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. La empresa, que figuraba bajo el nombre de Alfie en la base de datos de la Dirección General Impositiva, fue exonerada del pago del IRAE por 401.000 pesos de una inversión de 607.000 pesos para la instalación de un nuevo local. Alfie indicó que la resolución llegó cuando ya era director de la OPP y que resolvió renunciar a sus beneficios “de común acuerdo con el presidente de la República”.
Si bien la firma de la ministra Arbeleche en la resolución responde a un proceso que evita discrecionalidades y es casi automático, la normativa específica para estos casos establece que los funcionarios públicos deben evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Es importante que se investigue y se aclare la situación para preservar la integridad y la transparencia en la función pública.
El Código de Ética en la función pública, establecido por la Ley 19.823, prohíbe explícitamente a los funcionarios públicos ejercer sus funciones en relación con entidades o actividades privadas con las que tengan vínculos profesionales, laborales o familiares, o cualquier otro tipo de vínculo que pueda crear un conflicto entre los intereses públicos y privados. Si un funcionario público se encuentra en esta situación después de asumir, debe presentar una declaración jurada al jerarca correspondiente, que en este caso es el presidente de la República, en un plazo de 60 días. En la declaración, se deben identificar las personas o empresas y el tipo de relación o interés que se tenga con ellas. Aunque no se han presentado denuncias ante la Jutep sobre el caso, según fuentes informadas, este será remitido al organismo y, si se confirma que Alzugaray es socio de la empresa, no solo su gerente general, la situación podría agravarse después de una investigación.
¿Que impuestos exoneró la ministra Arbeleche a la empresa que trabaja su marido?
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