El Frente Amplio presentó este lunes las conclusiones de la comisión investigadora parlamentaria sobre el caso Cardama, señalando al expresidente Luis Lacalle Pou como el “primer responsable político” del proceso de compra de dos buques patrulleros para la Armada Nacional. La bancada oficialista sostuvo que el exmandatario otorgó el aval político a una adquisición plagada de inconsistencias y confirmó que remitirá las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación al identificar hechos que presentan apariencia delictiva.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, junto a los legisladores integradores de la comisión indagatoria, el senador Nicolás Viera explicitó la postura del bloque mayoritario. Viera aseveró que la responsabilidad política del expresidente no radica únicamente en su calidad constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el período en que se gestó y ratificó el acuerdo contractual, sino en haber respaldado de manera explícita la transacción con el astillero español y la secuela de actuaciones irregulares desplegadas por la administración pública.
El dictamen en mayoría del Frente Amplio extendió la línea de mando política hacia otros altos jerarcas de la cartera de Defensa durante el período 2020-2025. El informe individualiza al exministro Javier García, a su sucesor al frente del ministerio, Armando Castaingdebat, y a diversos cargos de confianza técnica y política que intervinieron en la negociación y posterior gestión de las garantías exigidas a la firma adjudicataria.
Por su parte, el diputado Joaquín Garlo pormenorizó que, tras medio año de trabajo legislativo, recepción de testimonios y análisis documental, se detectó una trama de «irregularidades graves» que ameritan la intervención de la Justicia Penal. Garlo subrayó la presencia de documentación falsa utilizada para la constitución de avales y garantías bancarias, el otorgamiento de prórrogas consecutivas sin el correspondiente registro administrativo y la autorización de giros monetarios sin haber verificado los instrumentos originales, sus traducciones oficiales ni los sellos de apostillado reglamentarios.
Las irregularidades administrativas detectadas en el caso Cardama
De acuerdo con las estimaciones consignadas en el informe legislativo, el uso de documentación apócrifa habría permitido que la empresa española obtuviera del Estado uruguayo desembolsos superiores a los 16 millones de euros durante el mandato previo. Si bien la bancada oficialista aclaró que la comisión parlamentaria no posee facultades para atribuir delitos de forma individualizada a personas físicas, se remarcó que la conducta del astillero no habría podido materializarse sin la acción u omisión sistemática de funcionarios públicos encargados de la fiscalización.
Uno de los capítulos centrales del cuestionamiento reside en la mutación de las condiciones técnico-licitatorias entre 2022 y 2023. En el primer llamado existían más de 80 requisitos técnicos rigurosos supervisados por peritos navales de la Armada Nacional. Sin embargo, para la instancia definitiva de contratación, los pliegos sufrieron una drástica reducción a apenas tres exigencias formales, desplazando del proceso de evaluación a los cuadros técnicos especializados que habían trabajado en la etapa inicial.
Esta flexibilización derivó en un procedimiento adaptado a las condiciones específicas del oferente seleccionado, recortando los márgenes de auditoría, la transparencia institucional y las salvaguardas de comparación de ofertas, lo que a juicio de la bancada legislativa del Frente Amplio constituyó un proceso moldeado a medida en el desarrollo del caso Cardama. Asimismo, la propuesta económica original de la empresa ascendía a 68 millones de euros, pero el contrato definitivo terminó firmándose por un monto total de 82,27 millones de euros.
El descontrol administrativo también se reflejó en la tramitación posterior a la firma del convenio. El informe revela que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 transcurrió prácticamente un año de gestiones cruzadas vinculadas a la validez de los avales sin que quedara constancia formal en el expediente del Ministerio de Defensa Nacional. Dichas actuaciones debieron ser reconstruidas a posteriori mediante la recopilación de correos electrónicos informales entre las partes.
A ello se suma la aprobación de erogaciones financieras en plazos extraordinariamente breves. El diputado Garlo detalló que el segundo pago estipulado en el cronograma, por una cifra superior a los 8 millones de euros, fue autorizado pocas horas después de que la empresa remitiera documentación redactada en idioma inglés, carente de apostilla legal e incompleta en sus términos normativos. La secuencia de giros, efectuada en las postrimerías de la gestión saliente, se concretó sin resoluciones fundadas ni expedientes en regla.
Rescisión contractual, impacto económico y derivaciones en la Justicia
Frente al escenario de incumplimientos y falencias documentales, el senador Eduardo Brenta reivindicó la determinación asumida por la actual administración gubernamental de rescindir de forma unilateral el compromiso comercial con la firma astilleril. Según detalló Brenta, la interrupción del vínculo contractual impidió la erogación de 53,47 millones de euros que aún permanecían comprometidos, calculados sobre la diferencia entre el precio global acordado y los 28,79 millones de euros que efectivamente salieron de las arcas públicas.
En referencia a las transferencias realizadas durante la corriente gestión del Ministerio de Defensa Nacional, a cargo de Sandra Lazo, el senador Nicolás Viera puntualizó que la erogación correspondiente al denominado «Hito C» —por un valor de 12,34 millones de euros— se efectuó mediante una carta de crédito irrevocable constituida con anterioridad al traspaso de mando. Se aclaró que en el momento en que se liberó ese pago específico, la invalidez de las garantías bancarias presentadas por el proveedor aún no había sido detectada por los organismos auditores.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue enfático durante su intervención al aseverar que la indagatoria parlamentaria dejó al descubierto un intento de estafa contra el Estado uruguayo mediante el empleo de instrumentos adulterados. Pereira insistió en la responsabilidad del exjefe de Estado, reiterando que siguió la negociación de cerca y validó cada uno de sus pasos operativos.
La estrategia legislativa del oficialismo prevé someter las conclusiones a debate ante la Asamblea General en las próximas sesiones. La bancada de gobierno buscará que el plenario acompañe el envío de la totalidad de la carpeta investigativa a la sede penal, remitiendo todo lo actuado a la Justicia para determinar responsabilidades en el marco de las derivaciones del caso Cardama.
En contraposición, los legisladores pertenecientes a la bancada de la oposición salieron al cruce de los sealamientos. La coalición opositora anunció que promoverá una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, atribuyéndole eventual responsabilidad por abuso de funciones al rescindir el contrato. Los parlamentarios opositores defendieron la regularidad del procedimiento original, negaron la existencia de conductas delictivas o actos de corrupción en la compra de las buques e indicaron que también se debería examinar el accionar de otros jerarcas del actual gobierno, entre ellos Alejandro Sánchez y Jorge Díaz.
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