Una investigación judicial arrojó luz sobre los detalles operativos de lo que estuvo a punto de convertirse en uno de los golpes financieros más audaces en la historia reciente de Uruguay. La Justicia dictó sentencia condenatoria mediante proceso abreviado contra los integrantes de una banda internacional dedicada a la excavación de un túnel subterráneo en pleno casco histórico de Montevideo. El grupo criminal, integrado por ciudadanos brasileños, paraguayos y cómplices locales, pretendía irrumpir en la bóveda principal de la sucursal del banco BBVA ubicada en la Ciudad Vieja.
El desbaratamiento del plan no fue producto de una sospecha bancaria, sino de un imprevisto cruce de investigaciones policiales. En septiembre de 2025, una denuncia anónima que alertaba sobre una supuesta boca de venta de drogas en la costa de Canelones movilizó a los efectivos antinarcóticos. Al realizar las tareas de inteligencia y el seguimiento del vehículo utilizado para el traslado de suministros, los investigadores descubrieron que el destino de las cargas no era el acopio de estupefacientes, sino un local comercial alquilado estratégicamente a metros de la entidad bancaria, desde donde se extraían toneladas de tierra y se introducían herramientas de excavación.
La modalidad empleada remite de forma directa a grandes antecedentes de atracos a instituciones financieras en la región sudamericana. La estructura logística desplegada en Montevideo imitó la precisión empleada en el legendario robo al Banco Central de Fortaleza en Brasil, donde se extrajeron unos 60 millones de dólares mediante una vía subterránea similar, así como las tentativas registradas en San Pablo en 2017. Los especialistas del minado manual lograron avanzar 260 metros de conducto con una altura aproximada de 40 centímetros, logrando incluso interconectar la obra clandestina con el sistema de drenaje público de la capital uruguaya.
El caso pone en evidencia la expansión operativa de organizaciones transnacionales como el Primer Comando Da Capital (PCC) en los países del Cono Sur. La capacidad para articular contratos de arrendamiento a largo plazo, utilizar identidades falsas y financiar la infraestructura necesaria en balnearios de la Costa de Oro —como El Pinar y Shangrilá— confirma que Uruguay ha dejado de ser un mero territorio de tránsito para convertirse en objetivo de complejas operaciones logísticas del crimen organizado regional.
Durante la instancia judicial presidida por la jueza Diovanet Olivera, la Fiscalía formalizó la condena de cinco brasileños, un paraguayo y una uruguaya por los delitos de asociación para delinquir y tentativa de hurto, imponiendo penas de 12 meses de prisión. Asimismo, se amplió la imputación sobre la ciudadana paraguaya encargada del alquiler de los inmuebles y la falsificación de documentación pública argentina y brasileña. Por su parte, el uruguayo Jorge Fulco fue señalado como el nexo operativo local, responsable del traslado de los excavadores y de mantener registros de cofres de seguridad dentro de la propia sucursal objetivo.
El cierre de esta etapa procesal deja en evidencia la fragilidad de las fronteras ante el avance de bandas altamente especializadas, al tiempo que reafirma el valor estratégico del intercambio de información policial entre los países de la región. Aunque la rápida intervención de las autoridades logró evitar el vaciamiento de las bóvedas en Montevideo, la causa sienta un precedente de alerta máxima sobre las nuevas dinámicas delictivas que amenazan la seguridad bancaria e institucional en el Plata.
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